Equo, formación ecologista que ha logrado la nulidad definitiva de la obra de construcción de la regasificadora de El Musel, valoró ayer su victoria judicial y repitió su exigencia de "la demolición" de la instalación -que costó 380 millones de euros- en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. "No hay ninguna justificación para que se mantenga en pie", señaló José Antonio Ballesteros, letrado que representó los intereses de los ecologistas en este litigio contra la administración central.
Junto a él compareció Ignacio González, portavoz de Equo Asturias. Desde la formación ecologista advirtieron que desde un principio "ya se sabía que iba a ser una obra inútil". Aún así, denuncian desde Equo, "se trató de justificar como uno de los proyectos megalómanos de Vicente Álvarez Areces", expresidente del Principado de Asturias y, actualmente, senador por el PSOE.
El abogado de Equo tildó de "antisocial" la actitud del Principado y Enagás, empresa explotadora de la instalación, por buscar mecanismos para legalizar la instalación y evitar su demolición. González recordó que la puesta en marcha de la regasificadora "sólo habría supuesto la creación de 30 empleos". Y agregó: "Se me ocurren inversiones más productivas".
Devolución de dinero
José Antonio Ballesteros defiende que, más allá de la demolición, Enagás debe devolver 130 millones de euros por gastos de mantenimiento que ha supuesto la regasificadora, sin uso hasta ahora.
El letrado recuerda que la sentencia del Supremo sólo valora para la anulación la distancia de la instalación con un núcleo de población, menor de los 2.000 kilómetros de límite que establecía la normativa por aquel entonces. Equo asegura que hay otros motivos de anulación no analizados en la sentencia.
