Directivos de Dique Torres reconocen que se cobró obra nueva antes del modificado

Los integrantes del comité de gerencia investigados alegan ante la juez que carecían de capacidad de decisión para negociar los sobrecostes

09.03.2016 | 04:05
De izquierda a derecha, José Luis Saravia, Guillermo Castanedo y Moisés Santos Huertas.

El desfile de los directivos, todo ellos en calidad de investigados, de la UTE Dique Torres, Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras de ampliación del puerto de El Musel continuó ayer en la Audiencia Nacional. El turno correspondió a Moisés Santos Huertas, José Luis Saravia Centeno, Guillermo Castanedo Elizalde y José Antonio Castañón, que declararon durante cerca de tres horas ante la titular del juzgado central número tres de instrucción del citado tribunal, Carmen Lamela y reconocieron que la UTE ya en 2006, antes de la aprobación del modificado de la obra de ampliación, comenzó a cobrar "certificados de obra nueva", tal como se señala en el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que dio pie a la apertura de la causa penal.

Los miembros del comité de gerencia de Dique Torres, hasta ahora han declarado doce de ellos y los cuatro restantes lo harán mañana jueves, vienen manteniendo durante estos días y ayer también lo hicieron, que tras la supuesta reunión mantenida en Madrid a principios del 2006 con altos cargos del Ministerio de Fomento, la UTE "comenzó a cobrar" de la Autoridad Portuaria "los certificados de obra nueva" pese a que "el modificado del proyecto no se llevó a cabo hasta octubre del 2007", una vez celebradas las elecciones autonómicas y municipales de finales de la primavera de 2007.

Los cuatro miembros del comité de gerencia que declararon ayer, todos ellos ingenieros, reconocieron su participación en las reuniones de ese órgano directivo, pero negaron tener "suficiente capacidad de decisión" sobre las negociaciones de los sobrecostes y también sobre el patrocinio del programa lúdico "A ver la Ballena".

Estos directivos contradijeron algunos aspectos del informe de la OLAF, como los relativos a los pesajes de los camiones, los vertidos al mar y el abono de obra por metros cúbicos colocados.

La línea argumental de los cuatro directivos que comparecieron ayer en Madrid fue muy similar a la que emplearon sus ocho predecesores en sentarse ante la jueza de la Audiencia Nacional: La UTE avisó a la autoridad portuaria de los sobrecostes que tendrían las obras ya desde el inicio de las obras en el año 2005 "porque no podían explotar las dos canteras de las que tenían previsto sacar la piedra" por lo que existían "problemas para encontrar material" para las obras lo que redundaría en el "mayor precio" que tendrían las ingentes cantidades de piedra necesarias para llevar a cabo las obras.

Mañana habrá más declaraciones de miembros del comité de gerencia de Dique Torres como investigados, después de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera, de manera anónima, 61 supuestas actas sobre reuniones del comité de gerencia de la UTE.

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