La mujer acusada de explotar a diez extranjeras en un club de alterne situado en la carretera que une Gijón y Avilés y que ayer se sentó en el banquillo de los acusados como presunta responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores negó ante los magistrados encargados del caso que fuera la propietaria del establecimiento investigado en el momento de los hechos. La Fiscalía mantuvo tras el juicio su petición de que la empresaria sea condenada a un año y medio de cárcel. La Guardia Civil y la Policía Nacional inspeccionaron el negocio hace tres años, en febrero de 2013. El representante del ministerio público asegura que los agentes comprobaron durante su investigación que la ahora procesada tenía empleadas a una docena de mujeres de nacionalidad extranjera -rumanas, brasileñas, dominicanas y paraguayas-, de las que seis estaban trabajando sin haber sido dada de alta en la Seguridad Social. Cuatro de las chicas se encontraban además en situación de residencia irregular en España.
