Podemos pide cuentas al Gobierno asturiano por las supuestas irregularidades en la ampliación de El Musel que investiga la Audiencia Nacional. El secretario general de la formación morada y diputado autonómico, Daniel Ripa, considera que "ha llegado el momento de que el Ejecutivo no mire para otro lado", máxime tras las declaraciones de responsables de las constructoras ante la juez, en las que reconocieron la existencia de pagos de sobrecostes desde el inicio de las obras en 2006. El diputado acusó al Gobierno socialista de nombrar a los actuales responsables del Puerto para "tapar y obstaculizar" la investigación.
Ripa compareció en rueda de prensa junto al presidente de la asociación Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando, y avanzó que además de la comparecencia de la consejera, Belén Fernández, sobre este asunto en el pleno de mañana, su grupo también formulará una moción en la sesión de la próxima semana. El dirigente de Podemos cuestionó la actuación del Gobierno regional en la investigación del caso de El Musel, que consideró muy similar a la actitud mantenida ante otras investigaciones judiciales, como las del caso Marea y la trama del cable. "Primero ponen todas las trabas posibles y luego cuando se confirman las aperturas de procesos judiciales se personan para tratar de obstaculizarlas", afirmó Ripa.
Raimundo Abando, por su parte, señaló a los anteriores responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón, a los cargos de Puertos del Estado y al anterior presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, así como al exconsejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, de estar al corriente de la existencia de los sobrecostes de esas obras desde el inicio de los trabajos. El secretario general de Podemos añadió que el partido también ha solicitado la comparecencia del actual presidente del Principado, Javier Fernández, porque mantiene en los puestos de responsabilidad a cargos que ya estaban en la época de los sobrecostes.
La réplica del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, a las acusaciones de Daniel Ripa reincidió ayer mismo en la convicción -documentable, apostilló- de que el Principado "denunció ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en su ámbito de gestión en cuanto tuvo conocimiento de ellas". El portavoz del Gobierno se refería a las denuncias por el caso Marea y de empresa pública del cable, GITPA. "Podría demostrar con papeles la postura proactiva del Gobierno en la lucha contra la corrupción (...) Para nada se ha escondido o ha dejado de colaborar con la Justicia", apostilló. En Marea "el Gobierno es incluso parte perjudicada", añadió el portavoz del Ejecutivo antes de exponer también la vocación del Principado de "admitir enmiendas de amplio calado de los grupos, incluido Podemos", en un anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno que incluye, dijo, "importantes elementos punitivos y de control" en la persecución de la corrupción y que cierra mañana su periodo de información pública.
Por otra parte, Abando mostró su preocupación de que el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón haya catalogado de "chiste" la denuncia de los sobrecostes, que ha sido objeto de un informe de la OLAF y de la investigación que tiene en marcha la Audiencia Nacional. "Eso no son chistes", afirmó. El presidente de Ciudadanos por Asturias reveló que se ha dirigido a todos los grupos políticos de la Junta General para pedir su amparo ante las manifestaciones realizadas por el presidente del puerto gijonés, Laureano Lourido, acerca de que exigirán responsabilidades a los autores de las denuncias de El Musel. "El único grupo que nos ha respondido ha sido Podemos", reconoció Abando.
