Rafael Fernández-Valverde, magistrado del Tribunal Supremo, destinado en la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo), fue el primer ponente del curso "Los efectos urbanísticos, civiles, registrales y fiscales de la nulidad de los planes". Una jornada organizada por la revista "Derecho urbanístico y medio ambiente", por primera vez en Asturias, y con la colaboración del Centro de Estudios Jurídicos Superiores (Cejus) y el bufete "Ontier Abogados".
-Gijón tiene vigente el Plan General de Ordenación de 1999 tras la suspensión judicial de los planeamientos de 2005 y 2011. ¿Gijón es un caso único?
-En absoluto. Hay situaciones parecidas en grandes ciudades en estos momentos como Marbella, Vigo o Toledo. Fundamentalmente porque no se dieron cuenta o no tomaron las precauciones suficientes para documentar el planteamiento o porque no se tuvo en cuenta la normativa que obligaba a unas evaluaciones ambientales. No quiero decir que sea el caso de Gijón.
-Es un plan del siglo XX para una ciudad del siglo XXI ¿Es un lastre grande?
-Es un lastre completo. El planteamiento se está convirtiendo en una especie de lotería y eso no puede ser. Si esto está pasando es porque la normativa reguladora no es la más adecuada al siglo XXI. En consecuencia hay que simplificar lo que es un plan general y simplificar la tramitación de los mismos. No puede ocurrir que una corporación, elegida por cuatro años, no tenga la posibilidad legal de hacer su propio plan general porque es algo completamente absurdo. Habrá que buscar fórmulas, que necesariamente pasan por el cambio legislativo, para que los planes sean más fáciles de aprobar, con las mismas garantías que tiene la actual situación y en el caso de que tenga algún vicio que no se transfigure a todo el plan en su conjunto.
-Está abierto el periodo de alegaciones y podría traducirse en más de un año hasta llegar a la aprobación definitiva del PGO. ¿No es mucho tiempo?
-Si es solo el equipo redactor del plan el que va a revisar esas alegaciones es claro que nos podemos pasar más de un año. Por tanto, desde el punto de vista de la mecánica municipal habrá que poner medios materiales y personales necesarios para dar respuesta correspondiente y de forma inmediata a esas alegaciones.
-Los dos planes anteriores se paralizaron por cuestiones formales en la redacción. ¿Deberían extremar precauciones?
-El planteamiento está basado en la discrecionalidad y salvo que una decisión sea arbitraria normalmente hay una gran libertad por parte la corporación para aprobar el tema. Salvo que se vea que se va a fastidiar a un determinado vecino o que se provoca una situación de desigualdad absoluta. Excepto en esos casos lo que ocurre son defectos formales, entonces, sin duda alguna, debería extremar más las precauciones a la hora de la redacción.
-Pero si en cuatro años no da tiempo a llevarlo a cabo, se corre el riesgo de que si cambia el gobierno, cambie el plan.
-Los planes se hacen para ocho años, lo que sí existe y por ahí pueden venir muchas de las soluciones es que los planes pueden revisarse y hacerse modificaciones puntuales. Los hay que llevan 30, 40 o 50 modificaciones puntuales, que se cumplen todas las garantías. Un plan no puede petrificar la situación de una ciudad 'sine die'. Lo que hay que hacer es un plan abierto, razonable y participativo y cuando sea necesario, a partir del segundo o tercer año, ir haciendo modificaciones.
-Este PGO tampoco está exento de polémica. Se votó entre serias dudas sobre la legalidad seguida por el Pleno en un procedimiento que incluyó el cambio sobre la marcha varias fichas urbanísticas. ¿Podría dar pie a impugnar el Plan?
-Hay mucho recorrido todavía para pensar en una impugnación.
-Según el Gobierno local los cambios en el Pleno eran una enmienda transaccional. ¿Es válido el argumento?
-Eso ya huele mal. Huele mal en el sentido de que una cosa es que se pueda discutir técnicamente sobre una determinada situación, sobre si la calificación allí puede ser esta o puede ser la otra. Si la modificación viene por una especie de componenda política o por una fricción política, tú cedes y yo cedo, quiere decir que el fondo, la discrecionalidad técnica no está existiendo. Está existiendo un planteamiento de carácter político que no encaja en lo que es técnicamente el Plan.
-¿Por qué pone en duda la acción pública?
-Debe existir pero con un tipo de control. Como ocurre en materia medioambiental, con plataformas ecologistas que lo hacen muy bien, de forma ordenada y no buscando intereses extraños.
-Hace unos días se ratificó la ilegalización de la Regasificadora de El Musel tras invertir casi 400 millones de euros. Una situación parecida ocurre con la Depuradora, en El Pisón ¿Qué hacer ahora?
-Perder ese dinero es un disparate. Son temas que hay que buscar soluciones quizás al margen de lo estrictamente jurídico. Son situaciones lamentables, desagradables que cada vez son más complicadas y hay que buscar una solución por otra vía distinta a la demolición de las instalaciones. Pero es competencia de la administración.
-El urbanismo ha sido un generador de corrupción en España. ¿Cómo cambiarlo?
-La gestión municipal y la elaboración de planes municipales de toda índole no puede venir por el crecimiento indiscriminado de las ciudades. La financiación municipal debe tener un mecanismo distinto, o dicho de otra forma, el urbanismo no puede ser el mecanismo de financiación de las corporaciones locales.
