El arquitecto municipal Ovidio Blanco ha formalizado una demanda de juicio declarativo ordinario sobre tutela del derecho al honor contra el presidente de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, Francisco Díaz Cadórniga. El origen de la demanda está en unas declaraciones del líder vecinal publicadas en octubre en LA NUEVA ESPAÑA.
Díaz Cadórniga establecía entonces, al hablar de la situación de la parroquia en la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), que "se mantiene la corrupción que originó Cabueñes cuando el arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco, se lucró en 105 millones de las antiguas pesetas con 2.500 metros cuadrados de un terreno que no pudo demostrar que había comprado". Entiende la defensa de Blanco que las declaraciones de Díaz Cadórniga se hicieron con "evidente ánimo de injuriar y desacreditar públicamente a mi mandante, menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación".
No es la primera vez que ambas partes se ven las caras en un procedimiento judicial. La Plataforma contra el Muro de Cabueñes fue una de las acusaciones populares en el procedimiento abierto contra Blanco por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada. Se ponía en relación el trabajo de Blanco como arquitecto municipal con cargo de responsabilidad y sus conocimientos de la tramitación del Plan General con las compraventas que hizo junto a su esposa de la finca "La Llosona" que acabó incorporada al polémico urbanizable de Cabueñes
Estas actuaciones judiciales finalizaron el 15 de marzo de 2011 con su sobreseimiento provisional y archivo. Tanto la Plataforma como el PP presentaron contra esa decisión recursos de reforma, que fueron desestimados, y recursos de apelación, que también fueron desestimados.
El abogado de Blanco recuerda en la demanda que su patrocinado "no cometió ningún delito y por lo tanto no cabía exigirle ninguna responsabilidad penal al respecto" y que en sus declaraciones de octubre del año pasado a LA NUEVA ESPAÑA Díaz Cadórniga faltó a la verdad al ser conocedor en primera persona de esa situación.
"Mi mandante desempeñó durante los últimos años su trabajo como arquitecto municipal de manera intachable y gozando del reconocimiento y respeto de sus compañeros de trabajo y amigos. Por ello, las declaraciones de Díaz Cadórniga están afectado directamente su honor, buen nombre y prestigio profesional y personal", sentencia la defensa de Blanco. Al presidente del colectivo vecinal se le piden 10.000 euros por los daños morales.
