El caso era muy complejo, había un importante número de acusados -13-, y además los abogados que ejercían la defensa de los imputados utilizaron "maniobras dilatorias" para prolongar la duración del procedimiento. Esos tres argumentos componen la base con la que los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias intentaron justificar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) los nueve años que tardó la justicia española en investigar y condenar a los acusados de componer una red de estafas financieras con la compra de vehículos de lujo. Los argumentos no convencieron a los magistrados comunitarios, que ahora condenan a España por el "excesivo e injustificado" tiempo que duró la instrucción del procedimiento.
Los letrados que acudieron al tribunal de Estrasburgo esperan conocer a lo largo del día de hoy el fallo del tribunal, anunciado el pasado martes. "Los argumentos de la Audiencia no eran lógicos. Quien tiene la potestad de coordinar todas las actuaciones es el tribunal que lleva el caso, y si los abogados estábamos entorpeciendo la investigación los jueces debían corregir nuestra labor", sentenció ayer Julio César Menéndez Argüelles, uno de los letrados, junto a José Manuel Fernández González, que llevaron la demora de la Audiencia ante el Tribunal Europeo.
Expertos en Derecho aseguran que una dilación de este calibre no es común en Asturias. "No es algo habitual en nuestra justicia pero todos hemos vivido pleitos en los que se dilatan muchísimo las actuaciones por problemas con las citaciones o por falta de medios", argumentó ayer después de leer la noticia acerca del fallo europeo el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Ignacio Cuesta. En este mismo sentido se pronunció Tini Navas, representante de Comisiones Obreras en el sector de Justicia en Asturias. La funcionaria añadió además otro problema en el funcionamiento de los tribunales: la coordinación entre administraciones públicas.
"Si un magistrado de Asturias pide algo a uno de Madrid y éste tiene mucho trabajo pendiente puede esperarse meses hasta que le den una respuesta y eso produce retrasos", relató Navas. "Si tenemos que hacer una videoconferencia con Valencia no podemos, los sistemas operativos no son compatibles y las administraciones se echan la culpa unas a otras", ejemplificó la representante sindical. Navas se mostró poco confiada en que la puesta en funcionamiento de la nueva ley de enjuiciamiento criminal -en la que se obliga a los jueces a finalizar la instrucción de los casos en menos de seis meses-, pueda solucionar el problema "si no se ponen más medios".
