La polémica rodea al proceso electoral en el Grupo Covadonga, que culminará el próximo domingo por la tarde con la elección del nuevo presidente de la entidad. Continúa el intercambio de mensajes entre la comisión electoral y la junta directiva cesante ("junta gestora en realidad", apunta el presidente de la comisión que supervisa los comicios, Jesús Vigil Pellón).
Ayer se supo que para garantizar la confidencialidad de las votaciones, se dispondrá de doce cabinas individuales en la sala del Recinto Ferial donde se instalarán las urnas. Vigil Pellón manifestó ayer que "nuestra única intención es cumplir los estatutos y que las elecciones en el Grupo sean unas votaciones homologables a la tradición democrática de esta institución y de la ciudad de Gijón".
El presidente de la comisión electoral rechazó las acusaciones de la directiva saliente, que considera que la comisión ha incumplido los estatutos del club y el reglamento de régimen interno en varios aspectos, lo que a su juicio podría ocasionar la impugnación de las elecciones.
"No nos pueden acusar de que el secretario no acude a las reuniones", declaró ayer Vigil, "porque a día de hoy no figura ninguna el nombramiento de ninguna persona del club para ese cargo". El secretario de la junta directiva era hasta hace dos semanas Armando Menéndez, que renunció al cargo cuando anunció su intención de concurrir a las elecciones para presidente del club.
La comisión electoral ha decidido contar con el asesoramiento de una gabinete jurídico externo -Espacio Legal Asesores Jurídicos y Financieros SL- para avalar las decisiones que tome. Respecto al cierre del censo con fecha de 25 de septiembre, decisión también cuestionada por la junta gestora, "si cualquier socio siente vulnerados sus derechos, puede presentar las alegaciones que estime convenientes hasta el mismo momento de la finalización de las votaciones".
Denuncia en Fiscalía
Ayer se conoció que un socio del Grupo, Felipe Aller Celemín, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra los integrantes de la comisión electoral, a los que acusa de unos supuestos ilícitos de "fraude societario y estafa procesal". Aller Celemín reclamó contra el calendario electoral aprobado por en la reciente asamblea de socios, sin que su impugnación fuera admitida.
Se trata del mismo socio al que el Tribunal Constitucional acaba de admitir un recurso de amparo en el que el demandante pretende conseguir la convalidación del referéndum celebrado por los socios del Grupo Covadonga en el año 2010, en el que se desestimó por amplia mayoría la fusión por absorción con el Centro Asturiano.
