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La concesionaria del mantenimiento viario reclama un millón de euros al Ayuntamiento

La empresa pide que se le indemnice al considerar que los precios fijados en el contrato parten de unos datos erróneos

Un paso de peatones en la calle Honesto Batalón, en el barrio de Cimadevilla. ÁNGEL GONZÁLEZ

Las obras de mantenimiento de las calles han pasado de ser un quehacer normal del día a día municipal a convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza del gobierno forista de Carmen Moriyón. Tanto por los problemas de ejecución que llevan denunciando meses vecinos, sindicatos y oposición política como por los conflictos en la relación entre el Ayuntamiento y la concesionaria. Cuatro recursos ha formalizado ya la UTE Conservación Calles de Gijón -integrada por Vías y Construcciones y Contratas Iglesias- reivindicando del Ayuntamiento indemnizaciones por una cuantía de casi 950.000 euros a partir de labores realizadas y que la empresa entiende no están correctamente tarifadas en el contrato. A estas demandas se contestó hace unas semanas desde el Ayuntamiento con la desestimación pero puede que no sean las últimas. El rifirrafe se da en la fase previa a la negociación sobre la opción de prorrogar el contrato y en qué condiciones.

El contrato con esta empresa se formalizó el 19 de agosto de 2014 con un plazo de ejecución de dos años prorrogables por otros dos. El contrato salió a licitación por 2.518.560 euros al año y se adjudicó por 1.624.471 euros. Una baja del 35,5%. Curiosamente la cifra de licitación (sin impuestos) del contrato de 2014 era ligeramente inferior a la del contrato que se había hecho en 2010. Entonces se dio una rebaja del 20% entre la licitación y la adjudicación. Otro dato a tener en cuenta en el último proceso de contratación de las obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria era el informe previo de los técnicos municipales que alertaban sobre la necesidad de hacer frente, por un lado, a una situación de mayor deterioro de los viales públicos por falta de inversión en renovación de pavimentos y, por otro, al incremento de la superficie a conservar por la incorporación de nuevos desarrollos urbanísticos.

En el recurso de más enjundia el portavoz de la UTE plantea al Ayuntamiento iniciar la revisión del contrato y pide que se le abonen ya 689.066,94 euros de indemnización por perjuicios derivados de datos erróneos consignados en los pliegos de licitación. Esa cifra computa certificaciones hasta agosto. ¿Qué datos erróneos? Por ejemplo, que no se valoró correctamente el coste del equipo de aglomerado asfáltico y que no se ajustan a la realidad los rendimientos del personal y los equipos. Todos esos errores, concluye en su informe la empresa, afectan al precio como elemento esencial del contrato y lo convierten en nulo por un vicio en el consentimiento de la UTE "ya que ésta presentó una oferta creyendo que unos datos que se daban en el pliego eran reales, cuando se ha podido verificar posteriormente que no lo son".

Ya se adelanta en ese escrito que a ese primer coste de 689.066 euros habrá que ir haciéndole sumas "por los daños soportados" si no se corrige el contrato. La cantidad estimada es de 57.500 euros al mes. Ese aviso se dio en octubre a partir de datos de agosto. También en octubre se presentaron las otras tres reclamaciones al Ayuntamiento de la UTE Conservación Calles Gijón. En una se piden 49.624,73 euros por la errónea certificación de los precios unitarios, en otra 146.983,08 euros por haber tenido que destinar a la ejecución de las obras del contrato más maquinaria y medios materiales de los previstos en el pliego de contratación, y en la última se reivindican 54.998,01 por unos trabajos de rejunteo que se hicieron necesarios para desarrollar dos órdenes de trabajo en las calles Gregorio García Jove y Honesto Batalón, en Cimadevilla.

A todas las reclamaciones el gobierno ha optado por decir que no a partir de informes del servicio de Obras Públicas que hacen mención al grado de conocimiento de la empresa sobre las condiciones del contrato a la hora de hacer su oferta, su capacidad para haber recabado más información y a su decisión de realizar una baja económica del 35%. A esta licitación se presentaron en su momento once empresas o uniones de empresas; entre ellas no estaba la firma Alvargonzález que había sido la concesionaria del servicio durante los doce años anteriores.

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