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El astillero Izar, obligado a pagar 446.531 euros a los herederos de un trabajador que falleció por amianto

La sentencia incide en que la empresa no adoptó las medidas de seguridad exigibles en la época, lo que facilitó que el trabajador inhalara el amianto

23.03.2016 | 16:48

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la letrada Nuria Fernández Martínez, en representación de la viuda e hija de un trabajador fallecido en 2014 como consecuencia del amianto usado en el antiguo astillero Izar Gijón, Arcadio Fente González, a las que reconoce el derecho a una indemnización de 446.531,32 euros con cargo a Izar Construcciones Navales S.A., pago del que absuelven a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El recurso se interpuso contra la sentencia dictada el 31 de octubre de 2014 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en recurso de suplicación, a su vez, contra el fallo de fecha 9 de abril de 2014, dictado por el Juzgado de lo Social número 1 de Gijón.

La sentencia incide en que la empresa no adoptó las medidas de seguridad exigibles en la época, lo que facilitó que el trabajador inhalara el amianto que, aunque se estimara que no fue la causa del carcinoma pulmonar, no se puede negar que si agravó las dolencias pulmonares y coadyuvó al fallecimiento en edad temprana de este, a los 54 años. En este caso, el TS ve procedente la reclamación de daños y perjuicios.

En cuanto a la cuantía, se recalca que como el proceso judicial lo inició el demandante, aunque luego, a su fallecimiento en 2014, le sucedieran su viuda y su hija en la reclamación económica, estas tienen derecho a la indemnización que correspondía al trabajador a la fecha de su muerte.

Según la sentencia, la demanda en primera instancia la inició el trabajador, el cual prestó servicios para el citado astillero desde el 24 de octubre de 1974, ostentando la categoría profesional primero de aprendiz y, sucesivamente, de oficial calderero. Desde entonces desempeñó su profesión en las instalaciones del astillero, que fue cambiando de nombre y titularidad con el paso del tiempo hasta convertirse en Izar Construcciones Navales, S.A.

El demandante cesó el 31 de diciembre de 2009 en su trabajo en virtud de expediente de regulación de empleo. La empresa se comprometió a asegurar el 100 por ciento de los salarios líquidos de los trabajadores, completando las prestaciones de desempleo.

DESMONTAJE DE URALITA

Asimismo, se recalca que en las instalaciones del astillero se utilizaba el amianto de forma habitual hasta su cierre. Las formas de presentación más habituales era en láminas o cordones. No existían mecanismos de aspiración del polvo, sino que se barría el mismo. Con motivo de las operaciones para retirar el amianto presente en las estructuras, a principios de la década del año 2000, se trajo a una empresa externa que procedió a la rotura de los tejados de uralita.

No obstante, los trabajadores del astillero siguieron trabajando en las instalaciones, sin ningún tipo de separación o barrera que les protegiera de las consecuencias de tal 'desamiantado'. A Fente se le practicaron, a instancias de la empresa, reconocimientos médicos consistentes en radiografías de pulmón, espirometrías, audiometrías y analíticas, en diversos años entre 1974 y 2006. Fue el 8 de abril de 2013 cuando se le declaró por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de afecto de incapacidad permanente en grado de absoluta, derivada de enfermedad profesional.

El cuadro clínico residual concluía que el trabajador padecía un Carcinoma microcítico de pulmón derecho en fumador y exposición a amianto con periodo de latencia de 38 años. Este optó por percibir la prestación de incapacidad permanente en lugar de la de desempleo. El astillero, en aquel momento en liquidación y participado mayoritariamente por la SEPI, no aceptó un acuerdo con el trabajador en el acto de conciliación del 17 de junio de 2013.

En primera instancia, el Juzgado falló en contra del trabajador, sentencia que se recurrió volviendo a ser rechazada su petición de indemnización. Fallecido ya el trabajador, las herederas de este interpusieron el recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el 17 de diciembre de 2014. Se aportó como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en fecha 5 de marzo de 2013.

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