"No mucho" fue la breve y sincera respuesta del máximo responsable del urbanismo local, el concejal forista Fernando Couto, a un "¿qué espera de este consejo de administración de Gijón al Norte?". Un nivel de expectativas a la baja que comparten otros consejeros de la entidad en representación de los socios local y regional ante la convocatoria del Ministerio de Fomento para una reunión esta mañana en el Ayuntamiento de Gijón. La idea generalizada es que la primera cita de este 2016 de la sociedad gestora del plan de vías se va a quedar en un mero formalismo con más cifras que planos. El objetivo básico del encuentro es conseguir la aprobación de las cuentas del ejercicio del 2015. Una imposición legal de toda sociedad antes de que acabe el primer trimestre del siguiente año.

El orden del día también incluye un epígrafe con el ambiguo título de "presentación de los avances realizados en el proyecto de integración del ferrocarril. Acuerdos a adoptar por el consejo". A día de ayer los consejeros en representación del Ayuntamiento en Gijón al Norte no habían recibido ninguna documentación que les iluminara sobre esos avances. Y ello a pesar de que fue reclamada por escrito en una misiva enviada por la propia alcaldesa, Carmen Moriyón. Fomento sólo facilitó desde el inicio la información del balance de cuentas.

El debate se traslada, pues, a la sesión de trabajo de las diez de esta mañana en la Casa Consistorial. El plan de vías de Gijón tiene ahora mismo muchos frentes abiertos. El más importante se vincula a la decisión tomada en el consejo del pasado mes de diciembre -con el único aval de los votos de los representantes de Foro y PP y la decisión del Principado de llevar el asunto a los tribunales por irregularidades formales en la convocatoria- de "avanzar" en los estudios técnicos que permitan modificar el diseño aprobado durante la etapa socialista para reubicar la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril. Ese cambio obliga a repensar toda la operación tanto en aspectos ferroviarios como urbanísticos. Los bocetos que la ministra Ana Pastor -ahora en funciones- había traído a Gijón un mes antes planteaba una operación con un coste de 422 millones y la posibilidad de tener la estación operativa en 2019. El dinero debería salir de la venta del suelo o del recurso a deuda de los tres socios: Ayuntamiento, Principado y Fomento.

De menor envergadura, pero no trascendencia, son otras operaciones vinculadas al proyecto ferroviario gijonés y que se controlan desde la propia gerencia de la sociedad Gijón al Norte o la comisión técnica, que se reunió en Madrid el pasado 16 de marzo. Por ejemplo, el proceso de comercialización de las dos primeras fincas del plan puestas a la venta por un precio que ronda los 70 millones, el diseño de la urbanización del actual parque del Tren de la Libertad, con un coste estimado de 2,9 millones, y la petición del Ayuntamiento de acondicionar el suelo liberado de las vías entre el Museo del Ferrocarril y la comisaría de El Natahoyo para que sea accesible a los ciudadanos mientras no se hagan obras.

A la espera de que Fomento concrete algo más sobre plano, quedan los números. Un complejo documento técnico donde se habla, por ejemplo, de un balance de resultados positivo con un beneficio de 8.469,14 euros. El año anterior fueron 72,77 euros. Gijón al Norte vive fundamentalmente de un préstamo bancario. En julio de 2009 se suscribió un préstamo sindicado de 36 millones que se renovó en 2012 y al que se sumó un contrato de refinanciación en marzo de 2013. El préstamo lo avalan las tres instituciones socias que deben aportar dinero cada año de su presupuesto.

Las cifras más llamativas se encuentran en el apartado de existencias donde se suman las actuaciones que tienen que ver con el objeto que dio vida a la creación de Gijón al Norte en 2002: la coordinación de las actuaciones correspondientes a la ordenación ferroviaria del entorno que ocupaban las estaciones Jovellanos y Humedal y la promoción de la transformación urbanística derivada de estas obras. El saldo a 31 de diciembre en este epígrafe era de 72.840.014,36 euros. Aquí computan desde la estación provisional, los terrenos, las demoliciones de estaciones o el traslado de los trabajadores. Otros datos: los gastos de personal fueron 153.282 euros y los gastos de explotación de 275.086 euros.