El juzgado de primera instancia número 1 de Gijón acaba de anular una hipoteca multidivisa contratada por una pareja de vecinos de la ciudad que pidieron prestados 150.000 euros y se vieron obligados a devolver casi el doble de esta cantidad. El magistrado encargado del caso entiende que en este contrato había una cláusula abusiva que "sólo beneficiaba a la entidad bancaria": la que obligaba a los clientes a devolver la deuda en francos suizos. El ascenso del tipo de cambio de esta moneda con respecto al euro meses después de la firma del contrato hizo que la cantidad adeudada subiera considerablemente.

El juez mantiene que "nos encontramos ante un contrato complejo que va más allá del simple préstamo". Ni el notario, ni el agente que comercializó el producto en nombre del banco, ni tan siquiera la entidad que aportó el dinero explicaron a sus clientes el riesgo al que se enfrentaban. Y es que meses después de la firma no sólo se incrementó el valor del dinero que se había prestado. También subieron los intereses. Ocho años después de que viera la luz el contrato y después de pagar las cuotas mensuales correspondientes, los demandantes se encontraron con que tenían que pagar aún más dinero del que se les había entregado. "La entidad no informó del riesgo que suponía el cambio de cotización de las divisas de tal modo que incrementándose el valor de cotización del franco suizo no sólo veía incrementado el capital a devolver -o mejor dicho el valor de los euros respecto del capital a devolver porque los clientes nunca recibieron francos suizos-, sino que se incrementaría lo que tenían que devolver más los intereses, ya que no es lo mismo pagar intereses en un mismo porcentaje de un capital valorado en 100 que en 150", enfatiza el juez haciendo hincapié en que el banco no facilitó a sus clientes las tablas de las que disponía y en las que ya se preveía "una subida del tipo de cotización del franco suizo".

Ahora el tribunal obliga a la entidad a anular esta hipoteca y a convertirla en un préstamo normal. "El juez ha sido muy razonable y entiende que aunque la firmante es una abogada no tenía por qué entender cómo funcionaba un producto tan complejo como éste, porque ni él mismo lo sabía antes del juicio", explicó ayer Patricia Gabeiras, la abogada que representó a los demandantes. Para la letrada los bancos "deben frenar la litigiosidad contra ellos analizando bien los riesgos de los productos y explicándoselos a sus clientes para que los entiendan".