Representantes de Podemos y de Asata coincidieron ayer en propiciar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, durante la visita que hicieron los diputados Lorena Gil, Daniel Ripa y Paula Valero al Centro Especial de Empleo gijonés Intgraf, acompañados por el presidente de Asata, Ruperto Iglesias.

Ruperto Iglesias, señaló que las cláusulas sociales "deben introducirse en la definición del objeto del contrato público, en la ejecución de ese contrato y por supuesto en la adjudicación. Hasta ahora se introducen exclusivamente en el proceso de adjudicación y nosotros entendemos que debe hacerse desde el inicio del contrato".

Lorena Gil por su parte contrapuso esa propuesta con el hecho de que "32 de las 35 sociedades del Ibex 35 operan en paraísos fiscales a través de más de 500 sociedades participadas; son empresas que ofrecen mejores precios y más contratos públicos, pero que tributan en paraísos fiscales a través de sociedades interpuestas".