El PP de Gijón ve "que existen argumentos jurídicos suficientes que justifican la interposición de recurso" contra la sentencia que anuló su último congreso, en el que se nombró a Mariano Marín presidente local del partido.

Precisamente Marín presidió hoy la junta local en la que el PP gijonés informó a sus militantes de la situación tras la resolución judicial que da la razón a la demanda de nulidad de los exconcejales díscolos, argumentando que para la exigencia de avales se empleó un censo inflado con, al menos, 146 afiliados muertos y más de 2.000 que no estaban al corriente de pago.

El partido mantiene, en relación a la polémica cuestión de los 500 avales exigidos, que "éste se ha de calcular sin interpretaciones, de manera estricta y literal, como indican nuestros estatutos, con referencia al número total de afiliados que consta en el censo nacional, único existente". Ese censo estaba integrado por 3.526 afiliados en Gijón, pero el juez, tras recabar información, apuntó a que el censo válido de militantes que podían participar y avalar en el congreso realmente era de 947 personas, las que estaban al corriente del pago de cuotas.

Por otra parte, los exediles que ganaron la demanda han pedido la destitución de Mercedes Fernández, presidenta regional del PP, dado que "quien protagoniza este modo de proceder no puede seguir siendo la responsable de dirigir el Partido Popular de Asturias". Recalcan que "con esta sentencia queda claro que se han violado reiteradamente los derechos constitucionales de los afiliados y las leyes que regulan el funcionamiento de los partidos políticos tanto en su organización democrática como en su financiación".