Mariano Marín y Pablo González contaron ayer con el apoyo de militantes y miembros de la junta local del PP de Gijón. Entre otros se encontraban allí la concejala Sofía Cosmen, primera por la izquierda, a su lado Manuel del Castillo, y, al fondo, Isabel Casielles y Trinidad Rodríguez.

El culebrón del Partido Popular de Gijón tras un nuevo revés judicial por la sentencia del Juzgado de primera instancia número 11 que anuló el congreso en el que fue elegido presidente Mariano Marín continúa. Tanto la ejecutiva local como los cinco exconcejales críticos con el aparato regional -y que interpusieron la demanda contra el procedimiento seguido para celebrar el congreso- aseguraron ayer ser poseedores de la razón y contar con apoyos a su causa que refuerzan sus posturas ante la crisis de la formación popular.

Para Mariano Marín la sentencia desfavorable que anula el congreso extraordinario del PP de Gijón se debe a una mala interpretación del juez de dos artículos donde se especifica el perfil que debe tener el militante para avalar una candidatura. "No se han entendido bien estos artículos y por eso hay motivos fundados para presentar un recurso de apelación", sostiene. El presidente local hace referencia, por un lado, el artículo 53 de los estatutos regionales del partido, que "dice que las candidaturas que se presenten deberán estar avaladas por un número no inferior al 5% ni superior al 15% de los afiliados militantes del municipio". Por otro lado reitera el contenido del artículo 13.2. del reglamento específico que se redactó para el congreso local extraordinario en el que se dice que "las candidaturas deberían ir avaladas al menos por 500 afiliados militantes del PP no suspendidos de militancia y al corriente de pago".

Según Marín, Sergio García, juez titular del juzgado de primera instancia número 11 de Gijón "no ha encajado bien estos dos artículos y da la impresión de que dice que los militantes que no están al corriente de pagos no son militantes y eso no es cierto, sí son militantes", defiende. Para facilitar la comprensión de estos dos artículos el presidente local comparó la situación con una hipotética comunidad de vecinos. "De 30 vecinos si hay 10 que no pagan la cuota no dejan de ser propietarios, siguen siéndolo. Esos señores cuando hay una junta pueden pagar la cuota y votar, si no la abonan, no pueden votar. Lo mismo ocurre en el Partido Popular", resolvió.

En la sede de los populares de Gijón reinaba ayer una aparente tranquilidad. "Hasta que la sentencia no sea firme no despliega ningún efecto. La situación sigue exactamente igual que hace una semana", señaló Marín que enfatizó sentirse respaldado en este conflicto desde Génova. "Me siento cien por cien respaldado por la dirección nacional de mi partido". También por la líder regional Mercedes Fernández, al tanto de la situación y principal valedora del presidente gijonés.

Mariano Marín también desplazó la responsabilidad de un censo inexacto de afiliados. Unos números que, según el propio partido, en el momento del congreso, celebrado el 7 de febrero del 2015, sumaban 3.526 afiliados gijoneses, incluidas 146 personas fallecidas. Tras las investigaciones del juzgado el censo válido se reducía a 947 militantes al corriente de pago por lo que según el juez los 500 avales exigidos superaba el máximo establecido por los estatutos del PP (un 15% del censo). En este sentido Marín lanzó la pelota al tejado del anterior ejecutivo local. "La mayoría de las bajas del censo por fallecimiento son fallecimientos ocurridos entre 2003 y 2012. Y esa época había unas personas encargadas de esto y responsables del partido a nivel local", señaló en referencia al mandato de Pilar Fernández-Pardo.

Mariano Marín, tras eludir la responsabilidad sobre el censo, que ayer era de 3.430 afiliados, e incidir en que "se está haciendo un esfuerzo por actualizarlo semanalmente", cedió el testigo a Pablo González, concejal del PP en el Ayuntamiento, para explicar el sistema que el partido tiene para contabilizar a sus afiliados. "El número de afiliados no lo inventa ningún representante del PP de Gijón, se accede a la base de datos que es única para toda España. En el PP sólo hay un censo y ahí se consulta el número de militantes afiliados de Gijón. Ése es un dato cierto y objetivo", relató.

En la misma línea que su jefe de filas, de derivar la responsabilidad hacia la ejecutiva de Fernández Pardo, Pablo González matizó que "la dirección nacional se nutre de lo que le envía cada junta local". No obstante, el problema con los afiliados no es un caso aislado en el PP. "Hasta hace poco, que la Seguridad Social cruzó datos con el Registro, se seguían cobrando pensiones a personas fallecidas. Esto no sólo le sucede al PP sino a cualquier organización y a las administraciones públicas", razonó.

Ambos quisieron enfatizar que "no ha habido jamás una ilegalidad ni nada parecido" y reiteraron su intención, "si los servicios jurídicos del partido así lo estiman, de interponer recurso de apelación".