La dirección del PP de Gijón no está dispuesta a asumir por ahora consecuencias por la anulación judicial del congreso en el que fue elegido su presidente, Mariano Marín; sentencia que deslegitima también todos los acuerdos tomados después por dicha ejecutiva. La resolución no es firme y la junta local del PP apuesta por luchar contra ella. "En un primer análisis, se aprecia que existen argumentos jurídicos suficientes que justifican la interposición de recurso contra dicha sentencia", comunicó ayer el PP gijonés tras la celebración de una junta extraordinaria.
Ciertamente en los servicios jurídicos del partido encuentran "varios peros" al fallo de Sergio García, juez titular del juzgado de primera instancia número 11 de Gijón. De ahí que las primeras reacciones en el seno del PP, tanto a nivel local como regional, apuntan a un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que permitiría mantener la ejecutiva de Mariano Marín en el PP gijonés siempre y cuando el juzgado no interponga una ejecución provisional de la sentencia. La otra opción sería volver a implantar una gestora en Gijón, además de pensar en la celebración de un nuevo congreso, como se hizo tras la anulación del anterior cónclave en enero de 2015. Entonces no se recurrió la sentencia, pero es cierto que el partido vivía las urgencias de la proximidad de unos comicios municipales.
En cualquier caso, desde la ejecutiva gijonesa del PP insisten en atacar la sentencia, que se basa en la aplicación, según el juez, de un censo inflado que incluía afiliados muertos y muchos que no estaban al corriente de pago. Así, la sentencia ataca el hecho de que los 500 avales pedidos para presentarse como candidato en el congreso se calcularon sobre el censo aportado por el PP, de 3.526 afiliados gijoneses. Sin embargo, el censo válido se reducía a 947 militantes a corriente de pago, según las investigaciones del juzgado. De ahí que los 500 avales, según sentencia el magistrado, superasen con creces el máximo establecido por los estatutos del PP (un 15% del censo).
El PP gijonés aporta una interpretación radicalmente distinta de la cuestión. "El partido mantiene, en relación al número de avales necesarios para la participación en el proceso congresual, que éste se ha de calcular sin interpretaciones, de manera estricta y literal, como indican nuestros estatutos, con referencia al número total de afiliados que consta en el censo nacional, único censo existente", razonan. Se refieren así a la validez de cara al congreso del censo que, incluyendo al menos 146 personas fallecidas -según acredita la sentencia- y más de 2.000 afiliados que no pagaban la cuota y por tanto no podían avalar, sumaba 3.526 militantes.
Éste podría ser uno de los ejes del recurso que estudian interponer los servicios jurídicos del PP gijonés y regional: la interpretación estricta de los estatutos del partido que se refieren a la aplicación de la totalidad del censo guardado por las oficinas del partido en Madrid.
Pablo González, concejal del PP y secretario del partido en el municipio, recalcó ayer que la resolución judicial "tiene mucha miga y es una estimación parcial" de la demanda interpuesta por los exconcejales díscolos. E incidió en el argumento esgrimido por el partido. "La leeremos con detenimiento, pero una cosa es el número de afiliados y otra el número de afiliados al día", explicó.
Los críticos, al ataque
La resolución judicial da la razón a la demanda interpuesta por Manuel Pecharromán, Gabriel Díaz, Maite Menéndez, Raquel Vega y Francisco Rodríguez Cubiella, exediles del PP en el Ayuntamiento que mantienen una línea muy crítica con la ejecutiva regional del partido, presidida por Mercedes Fernández. De hecho, tras meses de silencio, la anulación del cónclave -que recurrieron tras mostrar su rechazo a las normas establecidas por el PP regional y no presentar candidato alternativo al oficial, que era Mariano Marín- les ha hecho volver a alzar la voz, con mayor intensidad, reclamando la destitución o dimisión de Fernández.
"La conducta de la hasta ahora presidenta, Mercedes Fernández, deteriora su imagen como responsable político, pero sobremanera y eso es lo importante, perjudica gravemente al PP en Gijón y toda Asturias. La percepción que se traslada a los verdaderos afiliados, votantes y a la ciudadanía en general no puede ser más lamentable. Quien vulnera las leyes y los derechos de los afiliados, quien protagoniza este modo de proceder no puede seguir siendo la responsable de dirigir al PP", señalan los exconcejales, que recalcan que "es evidente que los partidos políticos deben ajustarse a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, cuestiones éstas que no han sido respetadas en ninguno de los dos congresos anulados".
Los exediles insisten en atacar a Fernández. "Nuevamente se demuestra que la mayor incapacidad es la demostrada reiteradamente por la responsable última de los escandalosos amaños ejecutados en el PP de Gijón. Y es que, tras la anulación del primer congreso, Mercedes Fernández, lejos de enmendar su comportamiento, decidió premiar con sueldos y cargos a los que colaboraron con ella en la ejecución del mismo. Así, David Medina fue nombrado diputado; Luis Venta Cueli, secretario general del PP de Asturias y diputado; Manuel del Castillo e Isabel Casielles, asesores en la Junta del Principado; Pablo González, concejal en Gijón; Dorinda García, empleada del Grupo Popular...". Y agregan: "Los premió porque realmente cumplían fielmente sus órdenes".
