Los servicios jurídicos del PP ya trabajan en la interposición del recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de primera instancia número once de Gijón que anuló el congreso del PP gijonés en el que fue nombrado Mariano Marín presidente del partido. Pero como paso previo reclamarán al juez que dictó la sentencia, Sergio García, una aclaración de su resolución, que se sustenta en el cálculo irregular del número de avales que debían presentar los candidatos al congreso al aplicar un censo de afiliados que incluía personas fallecidas y más de 2.000 militantes que no se encontraban al corriente de pago de sus cuotas.
Entretanto, la dirección nacional del PP mostró ayer su respaldo a la ejecutiva asturiana liderada por Mercedes Fernández después de que los exediles que impugnaron el congreso y han ganado la sentencia pidiesen su dimisión al apuntar hacia ella como "máxima responsable de los amaños de congresos".
Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, fue quien manifestó el apoyo a Mercedes Fernández desde Madrid. "Cuenta con el respaldo de la dirección nacional", señaló antes de añadir que "cualquier decisión que tome la hará dentro de sus competencias". Asimismo casado respaldó la labor de la ejecutiva de Mercedes Fernández. "Sólo puedo decir que la labor tanto en el partido como en la oposición en el Principado cuenta con el respaldo del PP".
El punto de debate
Desde la dirección local del PP insisten en que el fallo del juez "estima sólo parcialmente la demanda, determinando como válida la inmensa mayoría de la actividad realizada en relación a dicho congreso". Un argumento muy repetido en su defensa.
La cuestión que el partido reclama que el juez aclare es relativa a la interpretación sobre la forma de cálculo de avales que realiza. "Se considera necesario aclarar si en el momento de la convocatoria del congreso, y para determinar el número de avales exigidos para la presentación de las candidaturas, el porcentaje indicado en los estatutos ha de ser calculado en relación al número total de afiliados del PP de Gijón, o bien tan sólo en relación al número de afiliados que se encuentren al corriente de pago de sus cuotas en ese momento", explica la dirección local del partido, que entiende que la normativa del PP establece la primera de las dos fórmulas y no la aplicada en la sentencia.
De ahí que fuentes cercanas a las ejecutivas local y autonómica razonen que la resolución judicial de Sergio García "choca con los estatutos o el funcionamiento habitual del partido".
