La Coordinadora Ecologista de Asturias indicó ayer a través de un comunicado que la Fiscalía de Asturias ha abierto una investigación, a petición suya, sobre "las irregularidades en la que se encuentra la ocupación por parte de varias actividades, entre ellas la regasificadora, del dominio público terrestre de la zona de ampliación del puerto de El Musel". Fuentes de la Fiscalía matizaron que el Ministerio Público está obligado a abrir diligencias para estudiar todas las denuncias que recibe. Una vez realice su análisis, la Fiscalía puede optar por archivar el asunto o por llevarlo ante los juzgados de instrucción si considera que hay indicios de delito.
El principal argumento de la Coordinadora sobre las supuestas irregularidades en la ampliación portuaria, gira en torno a las sucesivas anulaciones de planes generales de ordenación de Gijón y a la tramitación de un nuevo PGO, en periodo de información pública, en base a lo que "existe una suspensión de licencias que rige en el concejo de Gijón, como consecuencia de la aprobación inicial de la revisión del PGO". La Coordinadora agrega en el escrito remitido al fiscal que mientras no se apruebe otro PGO, el actualmente vigente es el plan Rañada, en el cual no se contemplaba la ampliación de El Musel, sino que lo que figura en ese plan en su lugar es mar libre.
El grupo ecologista considera que en base a esa situación, todas las actividades que se realizan actualmente en la ampliación portuaria, incluyendo la regasificadora, están en situación irregular y por lo tanto no es posible la legalización de esta planta, algo que ya está tramitando Enagás ante el Ministerio de Industria.
La regasificadora quedó ilegalizada a raíz de dos sentencias del Tribunal Supremo que anularon la autorización administrativa que en 2006 concedió el Ministerio de Industria a Enagás, debido a que la construcción de la regasificadora en su emplazamiento de El Musel incumplía el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), que exigía una distancia mínima de dos kilómetros de cualquier núcleo habitado de una estructura de este tipo. El Raminp fue derogado al año siguiente por el Principado, mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos regionales.
Tramitación ambiental
Enagás confía en que el Ministerio de Industria tramite de nuevo la autorización para la planta, al cumplir ésta la normativa actualmente vigente mientras que Equo, el partido ecologista que llevó inicialmente el asunto a los tribunales, solicitará su demolición y que devuelva lo cobrado por Enagás al Estado hasta la fecha por la regasificadora de El Musel, al estar incluida en la planificación energética nacional.
La Coordinadora Ecologista considera que la situación del PGO "impide, como pretende el gobierno asturiano del PSOE, tal como ha declarado el Consejero de Industria y en complicidad con el Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón y con Enagás" la legalización de la regasificadora de El Musel.
La Coordinadora recuerda que los tribunales centrales también anularon la modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios de El Musel (PUEP), por la omisión de la tramitación ambiental exigida, argumento que añade a la actual suspensión de licencias por la tramitación del PGO. Varios años después de aquellas anulaciones del PUEP, en 2014, el consejo portuario dio el visto bueno a una nueva modificación del mismo.
La coordinadora remitió su denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente de Asturias, que la derivó a la Fiscalía de área de Gijón.
