La Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Gijón pusieron en marcha ayer un amplio despliegue policial tanto en la carretera del Piles al Infanzón como en el tramo urbano de la autovía AS-II comprendido entre las rotondas del Alcampo y el Marieva Palace con el objetivo de luchar contra las carreras ilegales que en la última semana han provocado la indignación de los vecinos de la zona rural. Los agentes vigilaron las vías a las que suelen acudir los participantes en este tipo de competiciones por la tarde y por la noche en un operativo en el que se contó con la presencia de coches camuflados que pretendían pillar "in fraganti" a los competidores.
El teniente de la Guardia Civil Julio Zapatero, responsable del destacamento de Tráfico de Gijón, ya había insistido el pasado viernes en la necesidad de sorprender a estos conductores. "Son gente joven que utiliza aplicaciones en las que se alerta de la presencia policial", indicó el funcionario. Por eso la Benemérita pidió a los testigos de este tipo de actuaciones delictivas que ponen en peligro al resto de usuarios de la vía que alerten en caso de que observen a algún conductor circulando de forma anómala. El pasado día 1, por ejemplo, una llamada del vigilante de seguridad del polígono de Roces Porceyo permitió a agentes de la Policía Local y Nacional identificar a 20 conductores que participaban en una carrera ilegal en el tramo urbano de la autovía AS-II que une Gijón y Oviedo. Los funcionarios policiales desplazados a la zona sorprendieron, además, a 50 personas que se encontraban contemplando el espectáculo desde una pasarela situada justo sobre la carretera.
Zapatero aseguró que el participante en este tipo de competiciones suele ser "una persona joven a la que le gustan los coches y que 'tunea' su vehículo, lo que quiere es enseñarlo y que lo vean, normalmente no hay dinero ni apuestas de por medio en este tipo de competiciones", relató el responsable de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón. El agente advirtió que las multas por este tipo de carreras -en caso de que se impongan sólo sanciones administrativas y no se acuse a los conductores de un delito-, superan siempre los 300 euros.
