La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, ejercida en nombre de la Asociación de Vecinos "San Lorenzo", del Alto de Aboño, ya han presentado sendos recursos ante el juzgado central de instrucción número tres contra la decisión de la juez Carmen Lamela Díaz de inhibirse en la investigación del caso de El Musel en favor de los juzgados de instrucción de Gijón, a los que se sumará el lunes el recurso del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan, ligado a Podemos). La juez estima ahora que la Audiencia Nacional no es competente para instruir el caso al considerar que la cuantía de los supuestamente defraudado no es relevante para la economía nacional, no tiene graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil y que los hechos investigados se ciñen fundamentalmente a Gijón.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el auto de la magistrada. Anticorrupción alegando, entre otras cuestiones, que el estado en el que se encuentra la investigación aconseja que la misma siga donde está, para evitar dilaciones, lo que ocurriría en caso de traslado de la causa a Gijón. En el caso de que la investigación derive en un juicio y el mismo acabe con condenas, las dilaciones si son indebidas, supondrían un atenuante para los reos, tal como también recuerda la acusación particular.
La acusación particular incide en que la actual juez del caso contradice sus propios actos. Así, en un auto dictado el pasado 4 de enero en el que rechazó incluir en la investigación un supuesto fraude fiscal de Tudela Veguín -por los supuestos pagos en especie y sin facturar que le hizo Dique Torres a cambio de poder explotar sus canteras- la magistrada afirmaba que la causa "es ya lo suficientemente compleja tanto por la naturaleza de los hechos y delitos investigados, como por el número de personas investigadas" y que incluir en la causa el supuesto fraude fiscal de Tudela Veguín "habría de provocar un retraso injustificado en las instrucción del procedimiento, además de sustraer la competencia de los órganos judiciales competentes". En ese auto de enero, la magistrada también ratificaba "íntegramente" el dictado por su predecesor en el juzgado el pasado 30 de septiembre sobre el mismo asunto y en el mismo sentido. La nueva juez, además, ha practicado diligencias durante meses sin cuestionarse su competencia, como tampoco hizo ninguna de las partes en los 15 meses de instrucción.
La acusación particular agrega que no es el momento para tomar esta decisión dado que aún está pendiente que la Audiencia Nacional resuelva el recurso de apelación para decidir si se amplía la investigación al supuesto fraude fiscal de Tudela Veguín. Añade que el traslado de 60.000 folios y audios a Gijón y a un nuevo juez, podría derivar en "dilaciones indebidas" de meses. Recuerda que hay pendientes varias pruebas, entre ellas un informe pericial encargado a interventoras de la IGAE sobre las consecuencias económicas de lo investigado, informe elaborado por expertos que podría contradecir el criterio de la magistrada de que el asunto no tiene repercusiones a nivel nacional, criterio que la acusación particular considera que se "prejuzga".
La defensa del expresidente de El Musel, que no se había pronunciado a favor de la inhibición, estudia recurrir el auto, respecto a alguna de sus afirmaciones, pero no del traslado a Gijón. En general, las defensas de los exdirectivos portuarios y del exalcalde de Carreño que en varias ocasiones han pedido el sobreseimiento, confían en que la Fiscalía de Gijón lo promueva en cuanto el caso llegue a la ciudad, recordando que en 2010 ya archivó la denuncia de un particular.
