Metía la mano en la caja y, además, simulaba la firma de la presidenta para librar cheques a su favor contra la cuenta corriente del colectivo. Al menos así lo da por probado la Fiscalía, que pide prisión para la exsecretaria de la agrupación vecinal "Severo Ochoa" de Pumarín, a quien atribuye un delito de apropiación indebida.
El Ministerio Fiscal cifra en 9.000 euros el desfalco del que se benefició supuestamente la exsecretaria de la asociación de vecinos. Sin embargo, desde el colectivo "Severo Ochoa" calcularon un importe mayor, aunque reconocen que "es complicado estimar lo que pudo sustraer de la caja de caudales de la sede vecinal, dado que la manejaba ella".
De hecho, Esteban Calleja, actual presidente de la Asociación de Vecinos de Pumarín que se encontró con el problema del desfalco cuando accedió a la presidencia, asegura que ellos no quieren el ingreso en prisión de la acusada, dado que, con la mediación de abogados, se consiguió en su momento alcanzar un acuerdo entre las partes y que la ahora juzgada devolviese los 12.000 euros a los que ascendió, según estima el colectivo, el presunto desfalco.
"Nosotros ya llegamos a un acuerdo con ella y precisamente era para evitar que fuera a la cárcel. Por eso no reclamamos nada. Ya dimos por zanjado el asunto", recalca el actual presidente de la Asociación de Vecinos "Severo Ochoa" de Pumarín. Sin embargo, tras la denuncia la Fiscalía ha visto indicios suficientes como para ejercer de acusación y reclamar la pena de tres años y tres meses de prisión para la acusada. En su caso, encuentra probado un desfalco de 9.000 euros, aunque desde la asociación aseguren que la cuantía sustraída era mayor.
La calificación fiscal de los hechos señala que la acusada, "desde el mes de septiembre de 2011 hasta el mes de septiembre de 2013, ejerció el cargo de secretaria de la asociación y, como tal, administraba el dinero en metálico que la asociación poseía y poseía firma autorizada en la cuenta corriente de la misma". Desempeñaba estas funciones como parte de la directiva presidida por Ana Muñiz que, una vez surgieron las sospechas del desfalco y tras la llegada de elecciones, no se presentó a éstas, cediendo el testigo a Esteban Calleja.
La Fiscalía entiende que "durante su mandato como secretaria, la acusada se apoderó de 3.000 euros que había en la caja de caudales de la asociación". Y agrega: "Además, durante los años 2012 y 2013 libró, en distintas fechas, ocho cheques contra su cuenta corriente, por importe total de 6.000 euros, simulando en los mismos la firma de la presidenta". La acusación pública no tiene dudas en que "se apoderó para sí el dinero". El fiscal reclama, además de la pena de prisión, una multa de ocho euros diarios durante un año y la devolución de los 9.000 euros a la asociación, algo a lo que ésta renuncia dado que ya percibió los 12.000 euros del acuerdo con la ahora juzgada.
La opinión de la FAV
Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana, limita esta situación a "casos muy puntuales" dentro del movimiento vecinal. Por ello, transmite una "defensa cerrada de la dignidad de las asociaciones de vecinos y las personas que estamos de forma altruista en ellas". Arias añade que "evidentemente hay a veces personas que se aprovechan de estos colectivos pero la gran mayoría, por no decir todos, dedican su tiempo y su dinero". Asimismo, el presidente de la FAV manifiesta su "apoyo al actual presidente de la asociación de Pumarín, dado que la nueva directiva ya no tiene nada que ver con ese asunto, ya zanjado por parte de ellos, y sigue trabajando por su barrio con dedicación completa y de forma de altruista".
