La Audiencia Nacional ha ordenado la paralización inmediata de las obras de la depuradora de la zona este en ejecución de la sentencia firme que anuló el anteproyecto de la instalación, que eligió su ubicación junto a la colonia de El Pisón. Los vecinos avanzan así en su objetivo de frenar la puesta en marcha del equipamiento, aunque no se contentan y pedirán la ejecución forzosa de la sentencia y plazos para la demolición de la depuradora, cuya construcción ha costado 36 millones de euros.
Sin embargo, desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no ven posibilidad de paralizar obras. "Están finalizadas. Apenas quedan remates de cara a su entrega, que será previsiblemente en mayo", argumentan. Así, en mayo recibiría la instalación la Empresa Municipal de Aguas (EMA), encargada de ponerla en marcha. Pero Esteban Aparicio, concejal de Seguridad y hasta hace poco presidente de la EMA, ya mostró reticencias a hacerse cargo de la depuradora si no se despejan las amenazas legales sobre la misma. En su momento, expresó su deseo de un acuerdo entre vecinos y Ministerio para evitar "enterrar 40 millones".
La Audiencia ha ordenado "la inmediata paralización" de las obras después de que los vecinos de El Pisón remitiesen acta notarial que constataba que éstas seguían pese a la orden de ejecución de la sentencia. A Marcelino Abraira, abogado de la comunidad, no le preocupa que el Ministerio busque legalizar la instalación retomando el trámite anulado con un nuevo estudio de impacto ambiental. "Se barajarían las mismas ubicaciones para la depuradora, El Pisón seguiría siendo la peor, y se haría con la depuradora sin funcionar", explica.
