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Los liquidadores de Promosa abogan por adjudicar su patrimonio sin una subasta

La empresa recurrió a hipotecas bancarias para cubrir 20,74 millones de los 44 de inversiones en fincas y edificaciones, ahora depreciadas

El plan de liquidación del patrimonio de Promociones Moro, presentado por la administración concursal al juzgado mercantil con sede en Gijón, propone recurrir a la adjudicación directa, en lugar de a la subasta, para la venta del patrimonio inmobiliario de la emblemática constructora gijonesa.

Las inversiones de Promociones Moro (Promosa) en fincas, solares y edificaciones suman una inversión ligeramente superior a los 44 millones de euros, aunque la propia empresa ha tasado su valor de mercado actual en 17,11 millones de euros. Parte de las depreciaciones tienen que ver con las anulaciones de los planes generales de ordenación (PGO) de Gijón, de 2005, y de Llanes; y otra parte con el desplome de precios de los pisos en los últimos años por la caída de la demanda.

La depreciación declarada por la empresa no es definitiva. De hecho, los bancos acreedores han encargado tasaciones a terceros para los terrenos y fincas hipotecados y la administración concursal ha encargado tasaciones a otras empresas para los activos inmobiliarios sobre los que no pesan hipotecas.

Sobre terrenos, viviendas, locales y garajes en su día adquiridos por 20,74 millones pesan hipotecas bancarias, más de la mitad a favor del banco Sabadell-Herrero, seguido por el Sareb y en mucha menor medida el BBVA y Novo Banco. El plan de liquidación permitirá, si es ratificado por el juez, plantear a los bancos acreedores la dación en pago de las viviendas y terrenos hipotecados, o que permitan la venta de los mismos a terceros con la cancelación de las respectivas hipotecas.

Sobre otro grupo de fincas y algunas plazas de garaje, que sumaron inversiones por 11,86 millones de euros en su día, pesan embargos del Principado, de la Agencia Tributaria y de los ayuntamientos de Gijón y Caravia. La administración concursal ve aquí inviable intentar la dación en pago y plantea la adjudicación directa de los bienes a la mejor oferta recibida, dando un plazo a la administración que hizo el embargo y al resto de acreedores para la posible mejora del precio por un tercero.

También se plantea la adjudicación directa para el resto de inversiones inmobiliarias, las libres de cargas, que en su día se adquirireron por 11,40 millones de euros.

Respecto a varias fincas embargadas por administraciones y otras libres de cargas, incluidas dentro del fallido plan de Castiello, la administración concursal estudia reclamar judicialmente la reversión de la venta, en base a las cláusulas que incluían los contratos firmados en su día. De lograrlo, podría recuperar alrededor de 11 millones de euros, con los que pagar a los acreedores.

De aprobarse el plan, todas las adjudicaciones directas de bienes inmobiliarios, hipotecados, embargados o libres de carga deberán ser autorizadas por el juzgado. No es el caso para otros bienes con apenas valor, como el mobiliario o vehículos de la empresa.

La administración concursal también venderá la participación que Promociones Moro tiene en Sogepsa, sobre la que el resto de accionistas, privados y públicos, tienen derecho de tanteo. La empresa también tiene algunas acciones, de carácter simbólico, en dos entidades deportivas gijonesas.

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