La fiscalía Anticorrupción considera que por la cuantía del supuesto fraude de El Musel y por el hecho de que el mismo afecta a un sector estratégico como el portuario está justificado que la instrucción del caso se mantenga en la Audiencia Nacional, en contra del criterio de la magistrada encargada del Juzgado Central de Instrucción número 3, que se ha inhibido en favor de los juzgados de Gijón.
La decisión ha sido recurrida directamente en apelación ante la Audiencia Nacional por la fiscalía. El recurso considera que tres de los seis supuestos delitos investigados -el de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y fraude a la Hacienda Pública- habrían tenido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y grave perjuicio en la economía nacional. La propia magistrada reconoce en el auto en el que se inhibe que existe uno de los elementos necesarios para que la Audiencia Nacional sea competente; la investigación de esa presunta defraudación. Se trata de una condición necesaria pero no suficiente y respecto a si se dan las otras condiciones o no es en lo que discrepan juez y fiscal.
La juez cifra el supuesto fraude en los 251 millones de euros en que se incrementó el presupuesto de la obra de ampliación, con el modificado del proyecto aprobado en 2007 y considera que no es una cantidad relevante para la economía nacional. En el recurso, Anticorrupción cifra el supuesto fraude en el presupuesto total de la obra, 830,16 millones de euros IVA incluido: Los 579,24 en que se adjudicó la obra en 2005 y los 250,92 en que se incrementó el presupuesto con el modificado. En concreto, Anticorrupción vincula el presupuesto de adjudicación a los supuestos delitos de fraude y exacciones ilegales y vincula el modificado del proyecto con el supuesto delito de fraude a la Hacienda Pública.
La fiscalía aprecia indicios de supuestas irregularidades en la gestación del proyecto, la licitación, la adjudicación, la aprobación de los sobrecostes y la ejecución de la obra, además de la expropiación por el Puerto del Alto de Aboño. Esto es, en todas las fases del proyecto, mientras que la juez alude sólo al sobrecoste.
El fiscal, que cuestiona la necesidad de la ampliación de El Musel al considerarla sobredimensionada, también señala que a la hora de valorar el supuesto fraude a la Hacienda Pública no sólo hay que tener en cuenta los 250,92 millones de euros de incremento, sino también la posible retirada por parte de la UE de los 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión con los que subvencionaron los trabajos, en base a que la UTE Dique Torres hubiera falseado el coste real de la obra simulando gastos que no existieron o falsificando documentos.
El recurso del fiscal señala a este último respecto que la UE ya ha tomado una decisión inicial -que no es firme dado que le tiene aún que conceder audiencia al Puerto- de exigir a España la devolución de los 198 millones que aportó a la obra y liberar en su presupuesto los 49,5 millones que quedaban pendientes de pago. Frente al criterio de la juez de dejar de lado este asunto porque aún no se ha producido una resolución en firme por parte de la UE, Anticorrupción considera que eso no es determinante como para enviar el caso a los Juzgados gijoneses.
La discrepancia no sólo se refiere a la cuantía. El recurso del fiscal señala que incluso considerando que el supuesto fraude sólo afectara al modificado del proyecto, esos 251 millones de euros supondría un supuesto daño relevante para la economía nacional, considerando que los juzgados centrales de la Audiencia Nacional instruyeron causas de supuestos fraudes de 7 millones de euros.
El fiscal abunda en los daños que las supuestas irregularidades acarrearían a la economía nacional. Por un lado, el Estado podría tener que devolver los 198 millones de euros que reclama la UE. Po otro, el portuario es un sector estratégico de la economía nacional, tal como se indica en la Ley de Puertos que señala que cada uno de los puertos del sistema estatal, como El Musel son "unidades económicas y de prestación de servicios de una importancia notable".
El fiscal también considera en su recurso que el caso debe seguir en la Audiencia Nacional por disponer de más medios que un juzgado de instrucción local para investigar una causa compleja.
