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El boicot a Israel del Ayuntamiento vulnera la Constitución española, según la Fiscalía

El ministerio público alerta de que el acuerdo plenario choca con los derechos de igualdad ante la ley y de no discriminación por la religión

23.05.2016 | 14:19
Votación en el Pleno municipal en el que se aprobó el boicot.

La Fiscalía ha emitido un informe en el que critica duramente el acuerdo del Pleno Municipal que, con los votos a favor de PSOE, Xixón Sí Puede (Podemos) e Izquierda Unida y las abstenciones de PP, Foro y Ciudadanos, impuso la declaración de Gijón como ciudad "libre del apartheid israelí". El ministerio público asegura que en este caso los concejales no sacaron adelante una simple declaración institucional sino que el acuerdo impugnado implica "promover la adopción de determinadas medidas con trascendencia" como la de no contratar con empresas israelíes. El informe de la Fiscalía, que ha sido ya presentado en el juzgado de lo Contencioso, lo dio ayer a conocer la asociación ACOM, Acción y Comunicación en Oriente Medio.

Los demandantes aseguran que la Fiscalía ha recomendado la nulidad de cuatro puntos del acuerdo del Pleno Municipal en el que el Ayuntamiento se comprometía a "introducir medidas legales para impedir la contratación pública" y a "no suscribir acuerdos o convenios con empresas de las que se alegue que incumplan los Derechos Humanos". "El informe del ministerio público invoca los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, así como la prohibición de la arbitrariedad en el ejercicio de las funciones públicas recordando que nadie puede ser interrogado sobre su ideología, religión o creencia y afirmando que los objetivos de este boicot contra Israel quiebran tanto la Constitución española como el convenio europeo para la protección de los derechos humanos", afirman desde la asociación ACOM, quien había demandado al Ayuntamiento por el citado acuerdo plenario. Su aplicación implicaría "necesariamente" violar estos derechos, según el ministerio público.

Lo cierto es que el acuerdo resultó polémico desde el principio. Después de abstenerse en la primera votación, el PP pidió que se evaluara el perjuicio económico que el boicot podría traer a empresarios locales. Los populares llevaron una propuesta al Pleno para dar marcha atrás en la resolución que no fue respaldada.

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