El exdirector general de Cementos Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz y el exconsejero delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico, Joaquín Coronado Galdós, han sido citados a declarar en calidad de investigados (figura que en el nuevo Código Penal sustituye a la de imputado) por la jueza Carmen Lamela. La magistrada que dirige la investigación del supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel, en el Juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual había solicitado su "imputación judicial como presuntos autores de un delito de fraude del artículo 436 del Código Penal". Las declaraciones han sido fijadas para el 23 de junio. Ninguno de los dos ostenta a día de hoy esos cargos, si bien siguen siendo directivos de empresas de los grupos Masaveu y EdP, respectivamente.
Las principales canteras que se usaron para obtener materiales para la ampliación portuaria son las de Tudela Veguín en Perecil-La Hoya y Peña María y la de HC en Aboño (de la que Sato, una de las empresas que integran Dique Torres, era copropietario). El mejor aprovechamiento propuesto por Dique Torres de la cantera de Aboño, construyendo una cinta transportadora hasta El Musel, y el acuerdo con Tudela Veguín para usar sus canteras fueron dos de los aspectos en base a los que el Puerto justificó la adjudicación de la obra a la UTE liderada por Dragados. La cinta nunca se hizo, la explotación de la cantera de Aboño se demoró por la construcción de una desulfuradora para la térmica de Aboño y la mayor parte de los materiales de obra salieron de terrenos de Tudela Veguín.
En su último informe, del martes de la semana pasada, el fiscal sostiene que de los seis supuestos delitos que instó a investigar judicialmente en diciembre 2014, "va cobrando consistencia" el de fraude por "la entrega indebida de fondos públicos" y, asociado a ese delito, el de prevaricación en la adjudicación y modificación al alza del contrato. El fiscal agrega que "pudiera ser que esta connivencia no se hubiera limitado al concierto entre funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la empresa o las empresas de la UTE Dique Torres, sino que también se hubiera extendido el concierto a los responsables de otras empresas, que finalmente también pudieran haber participado en el fraude obteniendo en definitiva un lucro económico en perjuicio de los fondos públicos: Tudela Veguín e Hidroeléctrica del Cantábrico". Los exdirectivos que declararán como imputados son los que suscribieron acuerdos con Dique Torres y con la Autoridad Portuaria.
La tesis que sostiene Anticorrupción es que tanto la Autoridad Portuaria como Dique Torres podían saber desde antes de licitar la obra que iba a ser imposible explotar la cantera de Aboño "y que se contemplara ya por entonces la explotación de las canteras pertenecientes a Tudela Veguín como fuente principal de materiales para la obra". Según esta tesis, mientras se elaboró un expediente de contratación en el que "se aparenta" que el Puerto garantizaba a las constructoras que concurrían a la licitación el uso de la cantera de Aboño, la realidad era otra. Destaca al respecto que el acuerdo de intenciones suscrito por HC con la Autoridad Portuaria en julio de 2004, establecía que el uso de la cantera de Aboño debía cesar si HC necesitaba los terrenos. Ese acuerdo se suscribió seis meses después de que la eléctrica hubiera licitado en el BOE la construcción de una desulfuradora para el grupo 2 de la térmica de Aboño, lo que acabó demorando la explotación de la cantera. El fiscal califica como una "omisión calculada", que nunca llegara a construirse la cinta transportadora de esa cantera a El Musel.
Anticorrupción apoya su argumentación en el informe pericial elaborado por dos funcionarias de la IGAE sobre el expediente de la obra y en las actas del comité de gerencia de la UTE Dique Torres. Entre otras cosas, recuerda del informe pericial que aunque la UTE ya había planteado en junio de 2006 modificar el contrato, el Puerto lo rechazó por razones de "calendario político", ante las inminentes elecciones autonómicas. El proyecto se modificó al año siguiente.
El fiscal también recuerda que en las actas de la UTE se recogen las negociaciones con Tudela Veguín, en las que la cementera vinculó el uso de sus canteras a la adquisición del cemento que se usó en la obra, que se pagó a unos precios por tonelada de 63,5 y 64,5 euros -según el tipo de cemento- mientras que en la ampliación del puerto de La Coruña la cementera Cosmos lo suministraba a 54 euros por tonelada, según señaló el representante de SATO en el comité de gerencia de la UTE del 8 de mayo de 2006.
