A falta de alguna recepción de última hora, el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación ha recibido más de 1.400 alegaciones. Esa es la cifra -muy similar a la registrada con el anterior PGO- que se manejaba a finales de la tarde de ayer en el área municipal de Urbanismo. La cifra puede variar al alza con registros de la oficina virtual del Ayuntamiento. Su posterior análisis servirá para desglosar el número de alegaciones originales y aquellas que son copia de una misma reclamación compartida por varios afectados. Además, las alegaciones se reparten entre las firmadas por ciudadanos concretos que plantean un problema específico y las que tienen el aval de un colectivo político, vecinal o social. Entre las alegaciones de colectivos muy activos en el diseño del planeamiento urbanístico están:
La FA se opone al crecimiento de Cabueñes y el Infanzón y fija prioridades en la zona Oeste. Trece reivindicaciones se presentan en el documento de alegaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que preside Adrián Arias. La primera tiene que ver con la reiterada exigencia de la FAV de mejorar el proceso de participación ciudadana hasta llegar a que sean los gijoneses quienes refrenden el documento urbanístico final. El colectivo vecinal también alega contra los proyectos edificatorios previstos en este Plan General en Cabueñes y el Infanzón anteponiendo el valor ambiental de esas zonas de entorno casi rural. Hacia el Oeste miran muchas de las alegaciones de la Federación de Vecinos. La más genérica habla de "un diseño urbano sostenible y acciones que procuren un entorno saludable en esa zona tan degradada" pero también se reivindica la eliminación de las barreras físicas en Jove-Lauredal, un proyecto de accesibilidad y movilidad para El Muselín y que la propuesta de actuación en el litoral de El Arbeyal y El Natahoyo "lleva aparejado un compromiso firme que garantice que la actividad industrial actual no se vea afectada". Las alegaciones de la FAV también buscan mejorar los viales de acceso a la ciudad, diseñar aparcamientos disuasorios, la preservación del litoral gijonés y una apuesta por las zonas verdes. Además "hacemos nuestras todas y cada una de las propuestas de las asociaciones de vecinos federadas en nuestra organización".
"Les Caseríes" pide mejoras en el diseño de los núcleos rurales. Nueve son las alegaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", que preside Soledad Lafuente. Una de las carencias detectadas por los vecinos en el Plan General tiene que ver con el hecho de que las normas urbanísticas no plasmen que requisitos legales debe cumplir una agrupación poblacional para ser clasificada como núcleo rural. "Les Caseríes" piden que se concreten a partir de un mínimo de cinco viviendas y una relación de distancia que garantice la unidad funcional del asentamiento. También se denuncia la "incoherencia" de prohibir parcelar en la categoría NR3 de núcleos rurales. "Si son aquellos que carecen de expectativas mínimas de crecimiento y pueden desaparecer por falta de población no parece lógico que se prohiba parcelar, lo que favorece el despoblamiento", se dice antes de pedir ese cambio de criterio. El colectivo rural también reivindica una mejor definición de las áreas ambientalmente protegidas, que se señalen las quintanas en los planos de suelo no urbanizable y precisar los usos productivos en núcleo rural. Hay una reflexión concreta sobre permitir el uso apícola en todo los suelos no urbanizables.
Somió se fija en su costa. A su zona costera mira el texto de alegaciones de la asociación de vecinos "San Julián" de Somió. La entidad califica de "error" la plasmación gráfica en los planos de ordenación de las unidades de expropiación y "demás determinaciones plasmadas en seguimiento de un plan especial que resulta tácitamente derogado por el propio Plan de ordenación del litoral de Asturias (POLA)".
Un Muro contra la "isla de la corrupción" de Cabueñes. Una vez más, los socios de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes convierten en alegación a un Plan General su lucha contra el desarrollo urbanístico en la zona. En este caso, y como ya expusieron ante el documento de prioridades previo a éste de aprobación inicial, entienden que el tramite seguido "no se ajusta a la norma y por tanto carece de toda validez". El colectivo asegura que mantener una actuación en Cabueñes, aunque de condiciones distintas a la del anterior planeamiento, "incurre en una gran e inexplicable contradicción" al "eliminarse las islas de la corrupción y la especulación que suponían los urbanizables anteriores, con la salvedad sangrante de Cabueñes". A partir de esas consideraciones se exponen una decena más de alegaciones sobre aspectos puntuales.
Industria limpia, más dotaciones y nuevos enlaces para La Camocha. Un denso documento justifica las alegaciones presentadas desde el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural. En ellas se habla, por ejemplo, de "atemperar el fenómenos de la periurbanización de determinados ámbitos" o de incorporar criterios bioclimáticos en la construcción. El colectivo pide replantearse el trazado de conexión de Mina La Camocha con la Autovía Minera y las dotaciones asistenciales que necesita Vega, sobre todo sanitarias; además de defender una ordenación de industria limpia para el futuro equipamiento tecnológico en el suelo de Mina La Camocha. Al margen de ese territorio, el colectivo pide la desclasificación del suelo que debía albergar el proyecto de Eco Jove, fijar como "suelo productivo ligado a la lámina de agua" el suelo de los antiguos astilleros, revisar la delimitación del suelo urbanizable de La Providencia y declarar el asentamiento de Paniceres como núcleo rural.
El PSOE exige quitar las fichas de Juliana y el Tallerón. El PSOE, único grupo municipal que votó en contra del PGO en el Pleno, incluye la defensa de la actividad industrial en la zona oeste entre sus alegaciones. En concreto, se pide la retirada de las fichas de Juliana-Armón y El Tallerón, al entender que la puerta abierta a un futuro cambio de usos de ese suelo compromete la actividad, y el empleo de las empresas. "Aunque se diga que los desarrollos se llevarán a cabo en planes especiales ya se están generando unos derechos y unas expectativas a los propietarios", indicó la edil Marina Pineda. El PSOE pide eliminar esas fichas y dar un paso atrás en la normativa en cuanto a la flexibilización de los trámites para desarrollar suelos transformables.
