La defensa del exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, en el caso de la ampliación de El Musel se ha opuesto a la petición de la fiscalía para que se declare compleja la causa (de no declararse compleja, la instrucción de la misma debería concluir el próximo 6 de junio), señalando entre otras cuestiones que "en este momento procesal nos hallamos sin más ante una causa general, con investigación presente y próxima de todo aquel que haya mantenido contacto de cualquier clase con el Puerto de Gijón, lo que resulta más bien propio de una comisión parlamentaria de investigación, tan al uso como la que viene actuando en este prolongado tiempo preelectoral en la Junta General del Principado de Asturias, y cuyos paralelismos en titulares de prensa con esta investigación judicial son notorios".
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la declaración de complejidad de la causa alegando la ingente documentación en la misma y la imposibilidad de practicar antes del 6 de junio varias diligencias ya ordenadas por el juzgado, declaraciones de testigos e imputados, varios informes periciales sobre el expediente de la obra y el análisis de la documentación generada por la UTE Dique Torres, que aún no se ha entregado al juzgado. Además, el fiscal señala que tras esas diligencias se deberá dilucidar si existe algún tipo de responsabilidad en Puertos del Estado, en una causa que ya cuenta con 22 imputados; tres antiguos cargos públicos y 19 cargos de empresas.
La defensa del exdirector de El Musel, ejercida por el letrado Viliulfo Díaz, sostiene, en cambio, que el caso es "un proceso revisionista sin tasa de varios expedientes administrativos" que fueron avalados por informes de la Abogacía del Estado y de la IGAE. Opina que no se puede justificar la declaración de complejidad en base al análisis de esos expedientes, entre otras cosas porque "la presunta complejidad se solventaría con una debida dedicación al estudio por las acusaciones de los mencionados expedientes", avalados con informes de funcionarios públicos.
El recurso habla de un "reiterado reduccionismo a planteamiento plausibles en medios periodísticos y del gusto de la dialéctica política" que ha derivado en que "se ha dilapidado el tiempo de la instrucción en continuas citaciones", opinando que la fiscalía las quiere ampliar "ad infinitum, al haber anunciado incluso la futura implicación de la entidad Puertos del Estado in genere y sin mayores motivaciones, siquiera sospechas".
La defensa del exdirectivo portuario insiste en que la causa abierta en la Audiencia Nacional se archive y critica "la sorpresiva ideación de la connivencia entre investigados, presentes o futuribles, tan ansiada en ciertos ámbitos partidistas enfrentados a los representantes en las Administraciones Públicas de los grupos políticos participantes entonces en la Junta directiva de la Autoridad Portuaria de Gijón".
