La consejera de Fomento, Belén Fernández, anunció ayer que el Principado va a intensificar los controles sobre los niveles de contaminación por los vertidos al mar en el emisario submarino de Peñarrubia, después de que haya dejado de funcionar la criba de arena y grasas a los que se sometían en la Plantona. Fernández recalcó ayer, en respuesta a una pregunta de IU en la Junta General del Principado, que las aguas de baño son buenas en todas las playas gijonesas a pesar del incumplimiento de la normativa ambiental que obliga a depurar las aguas vertidas al mar.

"Análisis hechos la semana pasada determinan que el conjunto de las muestras de aguas son aptas para el baño y excelentes en las playas de Peñarrubia, Serín y Estaño", las más próximas al emisario submarino, algo que la consejera atribuye a que ese emisario vierte las aguas sucias al mar a 2,5 kilómetros de la zona de baños más cercana y a 30 metros de profundidad y a que "el mar Cantábrico es una depuradora natural". La Consejera señaló que ninguna administración se opuso a la demolición de la Plantona, necesaria para que la Confederación Hidrográfica finalizase las obras de la depuradora del este, y apuntó que aunque en la Plantona se hacía antes un pretratamiento para desengrasar y quitar arena al agua, no se hacía "ningún tratamiento bacteriológico, de desinfección", como tampoco se hace ahora. El Principado analizó muestras de agua tomadas a 1,5 kilómetros del emisario en noviembre, febrero, abril y mayo, sin que dieran problemas. Ahora se van a intensificar los controles con la toma de nuevas muestras en puntos más cercanos al de vertido al mar, tal como exige la normativa comunitaria.

La consejera recordó que la búsqueda de una solución corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que construyó la depuradora del este, cuya entrada en funcionamiento ha sido bloqueada por orden judicial a instancia de los vecinos de El Pisón. Belén Fernández señaló que el Abogado del Estado ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Nacional para solicitar que se autorice la puesta en marcha de la depuradora hasta que se de una solución definitiva "que pasa por la ejecución de la sentencia conforme a derecho proceda".

Responsables de la administración regional y del Ayuntamiento mantendrán el lunes una reunión en Madrid con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, para conocer qué alternativas baraja el Ministerio si la Audiencia no acepta la puesta en marcha de la depuradora.