El Ministerio de Medio Ambiente no realizará acción alguna para solucionar el problema de la depuración de las aguas residuales de la zona Este de Gijón hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso de reposición interpuesto por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico contra la sentencia que obligó a paralizar la actividad de la estación depuradora de El Pisón.

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, y la Directora general del Agua, Liana Ardiles, así se los comunicaron a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, al primer Teniente de Alcalde, Fernando Couto, a la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, y al Director general de Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez, con quienes se reunieron ayer en la sede ministerial en Madrid.

Couto explicaba tras la reunión que "el Ministerio entiende que hasta que no se solucione el recurso que tienen interpuesto en los tribunales, que cree que será en un par de meses, hay que esperar". El número dos del Ayuntamiento fue muy gráfico al decir que "no hay plan B" por lo que "no queda más remedio que esperar al fallo de la Audiencia y será sólo entonces cuando se tomen las decisiones pertinentes, aunque Gijón, mientras tanto, no tenga la calidad de las aguas que pretendemos".

Couto añadió que el Gobierno central en funciones tiene "fundadas esperanzas en que su recurso prospere y se pueda poner en marcha la planta depuradora mientras se lleva a cabo la declaración de impacto ambiental pertinente". El primer Teniente de Alcalde aseguró que "nos preocupa mucho la calidad de las aguas durante este impasse, pero decir que hay una solución alternativa sería engañar a los ciudadanos y los ciudadanos de Gijón ya están cansados de que se vayan poniendo parches para un tema que acabó en una situación", así la definió, "dificilísima, que es que la calidad de las aguas, después de veinte años de saneamiento, no es la adecuada". Couto dijo además que "la situación, de todas formas, no es que sea muy diferente a la que había antes, ya que hay un pretratamiento".

Por su parte, la consejera del Gobierno regional, Belén Fernández, que al igual que el concejal resaltó "el espíritu de colaboración entre las tres administraciones en un tema que es de interés general", destacó que el Ministerio "nos ha expuesto la situación, la paralización de la actividad de la depuradora por la ejecución de la sentencia judicial y el recurso de reposición que ha interpuesto ante el que", explicó "tienen buenas vibraciones, positivas porque entienden que es un recurso bien fundado y que hay razones contundentes y de peso para lograr una resolución estimatoria que permitiría poner en funcionamiento, de alguna manera, la planta". Así que, concluyó, "hay que esperar".

Mientras tanto, las tres administraciones van a constituir una comisión de seguimiento para "seguir el proceso muy de cerca y con espíritu de colaboración a través de esta comisión técnica y jurídica para monitorizar todo lo que tiene que ver con esa ejecución en cuento a la tramitación de impacto ambiental y cooperar, también, en que esa tramitación sea lo más ágil y eficaz posible". Además, esta comisión, que se formará en los próximos días, "hará un seguimiento de la calidad de las aguas".

Por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en una brevísima nota de prensa, se explica que "las obras de la EDAR Este de Gijón finalizaron el 28 de marzo de 2016, si bien el pasado 27 de abril se procedió al cese de las actividades relacionadas con su instalación, a la espera de futuros pronunciamientos judiciales", y que "durante la reunión, celebrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el secretario de Estado ha subrayado la importancia de poner en marcha la totalidad de los sistemas de depuración que ofrece la EDAR de Gijón Este".

La Dirección General del Agua ordenó el 28 de abril el cese de la actividad en la construcción de la estación depuradora de la zona este de Gijón, cumpliendo así con el auto que le obligaba a ello en aplicación de la sentencia firme que anuló el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la instalación.