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Hacienda rebaja la valoración catastral de suelos rurales por la anulación del PGO

"Les Caseríes" estudia acciones legales contra el Ayuntamiento al entender que tendría que devolver de oficio el IBI recaudado en los últimos años

Fincas en San Martín de Huerces. JUAN PLAZA

La Gerencia Regional del Catastro está notificando a todos los propietarios gijoneses los cambios en la valoración catastral de sus bienes inmuebles, derivados de la sentencia del Tribunal Supremo que en mayo de 2015 anuló el PGO de Gijón de 2011, tras lo que el urbanismo gijonés ha vuelto a regirse por el PGO de 1999, en tanto no se aprueba uno nuevo. Del valor catastral depende el pago del IBI. Los nuevos valores catastrales tienen efecto desde enero de este año, con lo que los propietarios verán reducido sustancialmente el coste de sus próximos recibos del IBI. Las consecuencias para las arcas municipales probablemente no se limiten a la merma en la recaudación futura del principal tributo municipal, sino que el Ayuntamiento se enfrenta a la reclamación de todo lo que en los últimos lustros ha cobrado en la zona rural conforme a los PGO de 2005 y 2011, ambos anulados.

Se trata de modificaciones catastrales que afectan a todo el concejo y que en conjunto "suponen cifras importantes" de dinero recaudado por el Ayuntamiento de Gijón "que tendría que devolverlo de oficio", señala el abogado Antonio García, abogado de la federación de asociaciones vecinales de la zona rural "Les Caseríes". El planteamiento del abogado de los vecinos del agro gijonés coincide con el de promotores del antiguo plan urbanístico de Castiello que han presentado reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento por la anulación del PGO. Dentro de sus reclamaciones esos promotores, propietarios del 21,35% de los terrenos del antiguo plan de Castiello exigen la devolución de los 189.600 euros de IBI abonado desde 2008, más los intereses legales.

La cifra a la que podría tener que hacer frente el Ayuntamiento puede acabar siendo millonaria, si reclaman las devoluciones con intereses todos los propietarios de nuevos núcleos rurales incluidos en los planes de 2005 y 2011 y todos los propietarios de terrenos urbanizables, en este caso tanto los que hayan sido excluidos del nuevo PGO en tramitación como los que permanezcan en el mismo con ese carácter.

A todo esto se suma que aunque el Ayuntamiento apruebe pronto un nuevo PGO, una sentencia del Tribunal Supremo sobre una demanda desde Extremadura, obligó al Gobierno a modificar la Ley hipotecaria y del catastro de tal forma que no se podrá cobrar IBI como terreno urbano a fincas que aunque sean urbanizables no tengan aprobados sus planes parciales o estudios de detalle, esto es, que se hayan dado pasos para su urbanización efectiva.

Antonio García se pregunta por qué el catastro está notificando ahora, en vísperas de la aprobación del nuevo PGO los cambios en las valoraciones de los terrenos, en lugar de hacerlo cuando se anuló el PGO de 2005. Desde diversos colectivos de la zona rural se había solicitado al Ayuntamiento que informara al catastro tras las sucesivas anulaciones del PGO, algo que hizo tras la última sentencia del Tribunal Supremo de mediados del año pasado.

Las notificaciones del catastro también están causando cierta alarma en algunos propietarios que piensan que sus fincas se eliminan del catastro, cuando lo que quiere comunicar el ministerio es que se excluyen de la categoría catastral en la que figuraban, no del catastro. Antonio García señala que también se están produciendo modificaciones ligeras en la medición de las fincas, que ahora se realiza por ortofotomapa, un sistema más preciso. Se trata de cambios de unos pocos metros cuadrados, a lo sumo y que se pueden consultar en la web del catastro empleando el código de verificación segura que se incluye en las notificaciones.

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