Los cambios que el catastro está aplicando a fincas de la zona rural al volver a considerar rústicas fincas que antes de la anulación del PGO calificaba como urbanas, suponen en algunos casos reducciones de hasta 54 veces la valoración que previamente les atribuía el organismo del Ministerio de Hacienda. Una valoración la catastral de la que depende directamente el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), principal gravamen del Ayuntamiento.
La Gerencia Regional del Catastro está notificando desde mayo a los propietarios de fincas en antiguos terrenos urbanizables o en antiguos núcleos rurales, la modificación de las valoraciones, después de que la sentencia del Tribunal Supremo de mayo del año pasado anulara el PGO de 2011, con lo que vuelve a estar vigente el de 1999.
Los nuevos valores catastrales parten de los que las fincas tenían en 1989, actualizándolos a 2016. Unas actualizaciones que ni de lejos compensan la pérdida de la calificación como urbanas de las parcelas afectadas. Tanto vecinos de la zona rural como promotores de antiguos proyectos urbanísticos, excluidos del nuevo PGO en tramitación, consideran que el Ayuntamiento debería devolver de oficio el IBI recaudado como urbanizables en terrenos que las anulaciones de los PGO de 2005 y 2011 han vuelto a dejar como rústicos.
Las modificaciones catastrales no son lineales en todas las partes del concejo. Varían de una parcela a otra. La situación es más compleja en las fincas de antiguos núcleos rurales en las que hay una vivienda. Sus propietarios pasan de pagar IBI como terreno urbano por todo el conjunto a pagarlo sólo por el terreno sobre el que se levanta la casa, con un aumento en su valoración, mientras que la valoración del resto de la finca baja al pasar a considerarse suelo rústico, explican vecinos de la zona rural. También se dan casos en los que aumentará la tributación, si se realizó alguna edificación en la finca que no estaba incluida en el anterior catastro. Hacienda está haciendo revisiones del mismo por distintos concejos de Asturias para actualizar las valoraciones de esas fincas en las que se hicieron construcciones.
En los antiguos suelos urbanizables de los planes de Castiello de Bernueces y Granda, con la anulación del PGO el catastro ha fijado como valor actual de los terrenos 4 euros por metro cuadrado, al considerarlos suelo rústico. Entre 2008 y 2013, el valor catastral de esos mismos terrenos era de 174 y 176 euros por metro cuadrado, respectivamente, según explican las fuentes consultadas. Esto supone que la valoración catastral actual es 44 veces inferior a aquella, si bien el descenso tuvo un escalón intermedio: En octubre de 2013 el catastro ya aplicó una primera reducción, dejando las valoraciones de esos terrenos en 70 euros por metro cuadrado. Promotores inmobiliarios de los antiguos planes de Bernueces y Granda han presentado ahora reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento de Gijón, en las que incluyen, entre otras peticiones, la devolución de los importes del IBI satisfecho en los últimos años por esos terrenos. La federación de vecinos de la zona rural de Gijón, "Les Caseríes", también está estudiando si reclama judicialmente la devolución del IBI cobrado en estos años, en caso de que el Ayuntamiento no lo devuelva de oficio.
