El Ayuntamiento de Gijón dejará de recaudar unos 600.000 euros al año de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como consecuencia de los cambios en el valor catastral de suelos de la zona rural, a raíz de sendas sentencias del Tribunal Supremo: la que anuló el PGO de 2011 y la que obligó a modificar la ley hipotecaria para que el catastro valore como rústicos los terrenos urbanizables que aún no se han desarrollado. El recibo del IBI depende de la valoración catastral de cada inmueble.
El descenso de ingresos por IBI tras ambas sentencias representa menos del 1% del total de recaudación prevista para este ejercicio, que era de 64,6 millones de euros. Esto es así porque la mayor parte de los ingresos municipales por ese tributo tiene que ver con el gravamen a los inmuebles de la zona urbana.
La sentencia que dictó el Tribunal Supremo en mayo del año pasado anulando el PGO de 2011 ha vuelto a dejar como vigente el de 1999 en tanto no se aprueba uno nuevo. Esto ha supuesto que antiguos núcleos rurales han dejado de serlo y que terrenos urbanizables, como los planes de Castiello y Granda, también han perdido esa condición, con un acusado descenso en sus valoraciones catastrales, en algunos casos hasta 54 veces inferiores a las que previamente se les aplicaba, al pasar a ser considerado suelo rústico cuando antes de la anulación del PGO se consideraban suelo urbano.
Una parte de los terrenos urbanizables del Plan General de 2011 ha perdido esa condición y, según el nuevo plan aprobado inicialmente, no la van a recuperar. Otros urbanizables, aunque sigan con esa condición van a disponer de valoraciones catastrales como rústicos hasta que no tengan aprobados sus planes parciales o estudios de detalle, momento en el que pasarán a valorarse como urbanos en el catastro.
La gerencia territorial del catastro está comunicando a los propietarios afectados las nuevas valoraciones de sus fincas, con efectos desde el pasado 1 de enero.
Además de lo que el Ayuntamiento dejará de recaudar tras ambas sentencias del Tribunal Supremo, es probable que tenga también que enfrentarse a reclamaciones de propietarios que le exijan la devolución del IBI abonado en base a los PGO de 2005 y 2011, ambos anulados judicialmente. Promotores del antiguo plan de Castiello ya han efectuado esa reclamación patrimonial, medida que también estudia la federación vecinal de la zona rural, "Les Caseríes". Ambos plantean la devolución de oficio por parte del Ayuntamiento y el grupo municipal de Ciudadanos ha reclamado al gobierno local que los servicios municipales elaboren un informe jurídico sobre si procede o no esa devolución de oficio, con una cuantía por determinar.
