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Respaldo unánime de los jueces a la titular de violencia de género

Las órdenes de protección denegadas por la jueza fueron confirmadas por la Audiencia, señalan los magistrados

24.06.2016 | 03:18

Los jueces asturianos vuelven a salir en defensa de la magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de Gijón denunciada hace semanas por las asociaciones feministas de la ciudad que la acusan de "dejar desprotegidas" a las víctimas de la violencia machista. El Consejo de la Mujer asegura que la jueza deniega gran parte de las órdenes de alejamiento que se le solicitan. Un extremo que ahora niegan los compañeros de la denunciada.

Las secciones territoriales asturianas de las cuatro asociaciones profesionales de jueces y magistrados -Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Francisco de Vitoria y la asociación Profesional de la Magistratura-, emitieron ayer un comunicado en el que respaldan las actuaciones de la magistrada denunciada ante el Consejo. "Según la última estadística en el año 2015 se solicitaron 195 órdenes de protección ante el juzgado de Gijón, de las que fueron concedidas 133 y denegadas 62. En el caso concreto de las denegaciones o bien no fueron recurridas o fueron confirmadas posteriormente por la Audiencia Provincial al no estimarse recurso alguno de los interpuestos", señalan los jueces haciendo hincapié en que contra su compañera sólo se presentó una queja en el año 2013 que fue archivada por el Consejo General del Poder Judicial "sin la apertura de expediente sancionador alguno".

Los portavoces de estas asociaciones profesionales recuerdan que la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya emitió un comunicado en el que destacaban que el juzgado de violencia sobre la mujer de Gijón funcionaba "a pleno rendimiento" y "sin ninguna anomalía". Los magistrados aseguran que la respuesta frente a las discrepancias con las decisiones judiciales "no es el cambio o traslado forzoso de la magistrada que adopte una decisión dentro del ejercicio de sus funciones" ya que, recuerdan, "ello resultaría contrario a las garantías constitucionales que se corresponden con las más elementales exigencias de un Estado de Derecho". "La defensa de los intereses de las mujeres en un procedimiento penal corresponde al letrado o letrada que asista a aquella y en su caso al ministerio fiscal", enfatizan los magistrados.

La portavoz de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas llegó a acusar a la jueza de "negar a las víctimas su derecho a tener un abogado para que les explique los formalismos con los que trabaja el juzgado".

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