El exconsejero delegado de HC complica la defensa del Puerto en el "caso Musel"

Coronado desliga los problemas con la cantera de Aboño de la desulfuradora

29.06.2016 | 11:53
Exdirectivos empresariales en la Audiencia. Joaquín Coronado, a la izquierda, abandona la Audiencia Nacional junto a su abogado. En el recuadro, Muñiz, a la izquierda, a su llegada para declarar.

El exconsejero delegado de HC, Joaquín Coronado Galdós, contradijo ayer la versión que han venido manteniendo los responsables del Puerto de Gijón sobre los sobrecostes en la obra de ampliación, al negar que la construcción de una desulfuradora para la térmica de Aboño impidiera la explotación de la cantera.

En su comparecencia ante la Junta General del Principado del 10 de diciembre de 2007, el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach atribuyó los problemas de ejecución de la obra a la imposibilidad de explotar la cantera más cercana, la de Aboño, por la construcción de la desulfuradora, lo que el Puerto siempre calificó como un "problema sobrevenido" y en el que basó su defensa ante la UE para tratar de evitar la retirada de los 247,5 millones de Fondos de Cohesión con que Bruselas subvencionó la obra, y después ante la Audiencia Nacional, que abrió diligencias penales en base a la investigación elaborada por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

Joaquín Coronado negó la tesis de los exdirectivos portuarios ayer y, sobre un plano, señaló a la jueza cuál era la infraestructura de HC que dificultaba la explotación de la cantera: un gasómetro mucho más cercano a la misma que la desulfuradora, que almacena 100.000 m3 de material inflamable y que -según su versión- hacían muy peligrosas las detonaciones para explotar la cantera. Al contrario que la desulfuradora, que se comenzó a construir una vez adjudicada la obra portuaria (aunque se licitó antes en el BOE), el gasómetro ya estaba allí desde 1998, años antes de la licitación de la obra.

Coronado fue más allá y señaló que la extracción de piedra de Aboño también era problemática porque no era ninguna cantera operativa y tenía varios propietarios. También consideró que no había ningún impedimento para que la UTE Dique Torres hubiera construido la cinta transportadora para acarrear materiales a El Musel, tal como había ofertado en la licitación de la obra, aunque finalmente nunca la construyó. Coronado, desvinculado de HC desde 2005, negó que superiores jerárquicos suyos en la eléctrica hubieran participado en las conversaciones con el Puerto cuyo resultado fue la firma de un preacuerdo para poner la cantera de Aboño a disposición de la UTE que resultara adjudicataria de la obra de ampliación. Coronado fue quien firmó ese preacuerdo por parte de HC.

El exdirectivo de HC fue una de las dos personas que declararon como investigados ayer, junto al exdirector general de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz (jubilado en 2008). Las declaraciones de ambos complican la defensa de Rexach y del exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato. Algunas fuentes de la acusación consideran, además, que la declaración durante una hora de Coronado corroboraría las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción de que la eléctrica conocía que no se podría utilizar la cantera de Aboño cuando firmó el preacuerdo con el Puerto. Anticorrupción sostiene que el supuesto fraude en la ampliación de El Musel se empezó a gestar incluso antes de la licitación de la obra.

Muñiz, por su parte, declaró hora y media y señaló que ya había mantenido contactos con el Puerto en 2005 de cara a la expropiación del Alto de Aboño para obtener materiales para la ampliación de El Musel. Este exdirectivo fue quien rubricó los acuerdos con Dique Torres y con el Puerto para la explotación de las canteras de la cementera. Negó que a cambio hubiera aplicado un precio alto por la venta de cemento para la ampliación, sosteniendo que el precio de mercado es muy fluctuante y depende de su calidad y tipología.

Tudela Veguín está siendo investigada por un supuesto delito fiscal en los años 2009 y 2010 por los presuntos pagos en especie de Dique Torres, que la cementera niega que fueran obras en su beneficio, sino necesarias para la operativa de la UTE. El informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), del que parten las investigaciones de la Audiencia, decía que a la par que se autorizaban sobrecostes para la obra, Dique Torres había obtenido la mayor parte del material necesario de las canteras de Tudela Veguín "sin contraprestación económica directa", salvo 7,7 millones de euros por los gastos de explotación. Sin embargo, el exgerente de Dique Torres, Juan Miguel Pérez Rodríguez, negó estos términos durante su declaración judicial de hace unos meses, señalando que a esos 7,7 millones había que añadir otros 80 por trabajos sin facturar para la cementera y 70 por la compra de cemento.

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