J. M. R. M., industrial leonés propietario de una de las principales empresas de distribución de carbones por España, que gestiona depósitos de mineral en El Musel y Avilés; uno de sus empleados en Gijón y hombre de confianza, J. R. O. F.; y otro trabajador de la firma, E. L. R., se enfrentan a una condena de diez años de prisión -los dos primeros- y nueve años -el segundo-, así como a multas de más de 13 millones de euros cada uno pedidas por la Fiscalía, al considerarles piezas importantes en la operación de tráfico de drogas desarticulada en Asturias y Galicia en noviembre de 2014 que se saldó finalmente con once detenidos. Un negocio planeado por un cabecilla del narcotráfico en Galicia y su camarilla, en colaboración con un cártel paraguayo.

La trama tuvo un punto culminante con la importación por El Musel de 390 kilos de carbón impregnado de cocaína en un envío que llegó por barco, procedente de Paraguay. El cargamento se llevó a una nave de Tremañes, en el polígono de Bankunión II, sede temporal de una de las firmas del empresario detenido, para luego cargarla en camión y trasladarla a una marmolería de Ordes (La Coruña), para la supuesta gestión final por el cabecilla de la operación y sus colaboradores.

Fue en Ordes donde se produjeron la mayoría de las detenciones, incluida la de un camionero asturiano que se vio inmerso en la operación al haber sido su empresa avilesina la que fue contratada para el traslado del carbón vegetal de Gijón a Galicia. El transportista quedó en libertad sin cargos a las pocas horas. Tras la actuación en Galicia el equipo de la guardia civil que llevó el caso entró en acción en Gijón deteniendo al industrial en El Musel y efectuando minuciosos registros en la nave de Tremañes que la firma del imputado tenía alquilada desde hacía pocos meses. Se quería comprobar si quedaba más droga en el carbón vegetal que seguía guardado, sin que se encontrara nada.

Del análisis final de lo incautado resultó que la droga total eran casi 295 kilos con una riqueza media expresada del 68,6%, con un valor de venta a terceros de más de 13 millones de euros. El fiscal antidroga de Alicante -ya que fue en el levante español donde se iniciaron las investigaciones que dieron con la culminación de las detenciones- ya ha redactado sus conclusiones instando a la apertura del juico oral. Se piden once años para el cabecilla, el gallego J. A. F. B.; diez años para cinco implicados, incluidos el industrial leonés y su principal colaborador en la empresa, J. R. O. F., así como también para el paraguayo que gestionó el trasporte; para otros dos encausados se piden nueve años de prisión -uno de ellos es también empleado de la firma leonesa con sede en Gijón- y para otros tres acusados, seis años de cárcel. Las multas son de más de 13 millones por cada uno de los acusados.

El abogado asturiano Francisco Miranda, que lleva la defensa del industrial leonés, ha remitido al Juzgado de Orihuela su disconformidad con las conclusiones de la fiscalía. Además de pedir la inhibición del citado juzgado para que sea la Audiencia Nacional la competente, mantiene que podría haber nulidad de todo el procedimiento al haber partido de una autorización judicial de escuchas telefónicas que no estaba bien fundadada, pese a que se saldó con una operación exitosa.