Los dos constructores acusados de estafar a seis familias que se quedaron en la calle reconocieron ayer ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias haber incumplido a sabiendas el contrato de permuta que habían firmado con los denunciantes. Los acusados aceptaron la pena de un año de prisión como castigo por no haber entregado a los demandantes las siete nuevas viviendas que les habían prometido a cambio de la venta de la parcela en la que se asentaban los viejos inmuebles de las víctimas y en la que la constructora tenía previsto levantar un nuevo edificio.
Pero la condena de cárcel no es la única que deberán afrontar los procesados. El tribunal también les condenó ayer a la devolución de los siete pisos prometidos. Unos inmuebles que deben ser entregados -tal y como enfatizaron ayer los abogados de la acusación Santiago León y Gabriel Cueto-, "completamente libres de las hipotecas que aún pesan sobre ellos". La Audiencia obliga además a Banco Caixa Geral a indemnizar a los demandantes con 350.000 euros.
Los denunciantes recibirán una compensación diez años después de que tuvieran lugar los hechos. En 2006 uno de los constructores firmó un contrato con los demandantes, propietarios de media docena de viviendas situadas en el número 10 de la calle Eladio Carreño, en el barrio de La Arena. Los vendedores cedieron sus casas para que se derribaran a cambio de obtener siete viviendas en el nuevo edificio. El constructor ahora condenado vendió poco después la obra a un segundo empresario que firmó un contrato en el que "se omitía la referencia a las permutas". Todo ello, según relataba la Fiscalía, con la colaboración de un apoderado de un banco que conocía la delicada situación económica de los imputados.
