Dos mensajes de toda la oposición al gobierno de Foro Asturias en el debate que sobre el, ahora negado, incumplimiento de la regla de gasto en las cuentas municipales tuvo lugar ayer en la comisión de Hacienda: existe una responsabilidad política que el equipo de Carmen Moriyón debe asumir y, desde ya, hay que establecer mecanismos que impidan que esto vuelva a ocurrir. Un error del equipo de Intervención en el cómputo en las cuentas de 2015 de gastos vinculados a la partida de diez millones de euros de fondos europeos recibidos del Plan POL ha sido la justificación dada para explicar porque en mayo se daba por superado el techo de gasto que impone la ley de estabilidad presupuestaria y ahora no. Eliminados esos dineros, Gijón ya cumple con esa ley y se hace innecesario presentar un plan económico de ajustes y estar bajo la tutela del Principado de Asturias.

Eso sí, según los datos aportados en la reunión de ayer ese error también se comentó en el cierre contable de 2014 con lo que es necesario arreglarlo ante la Intervención General del Estado. Además, los cambios en ambas cuentas dan pie a la necesidad de reordenar datos que tendrán su trascendencia en el diseño de las cuentas de 2017 en cuanto al techo de gasto y la capacidad de ejecución.

Asumiendo los argumentos, la oposición se niega a que la culpa recaiga en exclusiva sobre los funcionarios del equipo de Intervención. Su dedo señala también a los responsables políticos de la concejalía de Hacienda y su dirección general económico-financiera. A ellos se les exige un control más exhaustivo de la gestión de los dineros municipales. "Es inadmisible que un gobierno que lleva cinco años al frente de Gijón pretenda responsabilizar de la metedura de pata a los servicios municipales cuando hay una estructura política que está para controlar estas cosas y contrastar con Intervención", sentenció el socialista José María Pérez. El PSOE quiere, además, que se clarifique el modelo contable sobre los gastos afectados para evitar problemas que puedan derivar en una reprimenda de la Sindicatura de Cuentas.

"Hay una responsabilidad política sobre en qué momento se gasta el dinero y cuando se pone el freno, eso no lo decide un técnico", concretaba ayer Aurelio Martín. "Claro que hay una responsabilidad del gobierno", aseguraba por su parte el popular Pablo González antes de explicar que "sin crear alarma y sin cargar contra nadie aquí lo importante es que esto no vuelva a ocurrir". El PP quiere un informe donde se establezca un sistema para controlar los niveles de gasto del Ayuntamiento de tal manera que no se tenga que esperar al cierre de cuentas -que se hace a mediados del año siguiente- para saber si se ha incumplido o no la regla.

Un informe externo sobre lo que ha pasado es lo que pide Xixón Sí Puede en una iniciativa plenaria. Mientras llega entienden, en palabras de la concejala Nuria Rodríguez, que "es posible que la carencia de personal, por ejemplo, o la no responsabilidad de vigilancia activa de determinados miembros del Gobierno haya podido influir en este caso".