A petición de la Escuela de Salud "A pie de barrio" y de la Plataforma por la Sanidad Pública, y con el objetivo de "generar ese debate en el ámbito municipal para crear sensibilización", el portavoz de IU, Aurelio Martín, lleva al Pleno de la semana que viene una proposición para luchar desde el Ayuntamiento de Gijón contra el problema de las listas de espera. Una iniciativa que se formula en nueve puntos que, en palabras de Martín, "se resumen en tres ideas de fondo".

Esos ejes centrales del debate tienen que ver con la reivindicación del "derecho de transparencia, información y participación" en los procesos tanto de los usuarios como de los trabajadores del sistema sanitario, con la necesidad de "desarrollar una normativa dirigida a reducir las listas de espera basada en la adecuación de los recursos existentes" para dar una solución a corto plazo y con la exigencia de "un plan estratégico del SESPA" que contemple la reducción de las listas de espera y la mejora de la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario público". Todas son peticiones, que de salir adelante la proposición de Izquierda Unida en el Pleno, el gobierno municipal de Foro debe hacer llegar a la Consejería de Sanidad del Principado y al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

IU hace suyos en esta iniciativa los planteamientos de las entidades sociales que promueven la proposición. Entre ellos que la solución no pasa en ningún momento por mirar hacia el sector privado. Martín lo tiene claro. "La derivación privada no ha demostrado a medio plazo que suponga ninguna solución. Las soluciones a las listas de espera deben abordarse con recursos públicos analizando, primero, si son suficientes y están infrautilizados o mal distribuidos, o si es necesario aumentarlos cuando sea preciso", sentencia el portavoz municipal de Izquierda Unida.

Al margen de otros debates, como los que se puedan tener en la comisión de investigación del parlamento asturiano, IU busca acercar al Ayuntamiento un problema que afecta a muchos gijoneses y del que, entienden, no puede permanecer ajena la administración más cercana a los ciudadanos aunque no tenga competencias explícita en ese ámbito de gestión.