La respuesta de los colegas de profesión no se hizo esperar. Las quejas que el Consejo de Mujeres de Gijón lanzó hace varias semanas acerca de la actitud de la jueza de violencia de género de la ciudad -a la que acusaban de dejar desprotegidas a las víctimas y de utilizar un criterio demasiado restrictivo a la hora de conceder órdenes de protección- fue tajante.
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias fue la primera en reaccionar a las críticas. Los magistrados hicieron público un comunicado de prensa en el que defendían la labor de su colega. Tras una reunión extraordinaria los jueces asturianos redactaron un escrito en el que recordaban que "el único procedimiento apropiado para cambiar los criterios de los jueces en sus resoluciones es el de los recursos, sin que puedan utilizarse la descalificación y el desprestigio profesional a una jueza". En este sentido los magistrados hicieron hincapié en que durante todo el año 2014 y 2015 las órdenes denegadas por la magistrada gijonesa habían sido confirmadas por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias. Días después llegó un nuevo espaldarazo, el que le dieron a la magistrada las agrupaciones regionales de las diferentes asociaciones judiciales.
El Consejo de Mujeres de Gijón anunció tras su última reunión que interpondría una queja contra la magistrada de violencia sobre la mujer de Gijón ante el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces con sede en Madrid.
