El informe de fiscalización de las obras de ampliación de El Musel aprobado la pasada semana por el Pleno del Tribunal de Cuentas revela, además de otras supuestas irregularidades, "defectos en la concepción y ejecución" de los trabajos realizados en el puerto, así como "debilidades de control interno en materia de contratación y subcontratación".
En un extenso documento, el Tribunal de Cuentas cuestiona las obras del "superpuerto" en base a que no se cumplieron los objetivos con los que la Autoridad Portuaria justificó el elevado desembolso, superior a los 800 millones de euros. El informe señala que la ampliación del Puerto de Gijón "ha supuesto aproximadamente un incremento del 30 por ciento de la superficie total. Sin embargo, los ingresos generados en 2012 por la ampliación supusieron solamente el 11,5 por ciento del total de los ingresos por tasas y tarifas, en tanto que los costes fueron un 50% inferiores a los de ejercicios posteriores". Y justifica su rapapolvo en un dato contundente: aunque ese año el margen bruto resultó positivo en 18.517.000 euros; en los ejercicios de 2013 y14 fue negativo en 4.086.000 y 2.210.000 euros, respectivamente". A su juicio, la ampliación no sólo no fue beneficiosa para El Musel sino que acabó resultando gravosa, como se desprende del informe al que este periódico ha tenido acceso.
Lo ocurrido en el Puerto de Gijón da pie al Tribunal de Cuentas a realizar "una serie de recomendaciones" a la Administración General del Estado, a la que señala que debería poner en marcha a través de Puertos del Estado, y a la vista de las desviaciones presupuestarias en Gijón, "medidas y procedimientos" que permitan una "previsión más realista" de los plazos y los costes de ejecución de las infraestructuras. En este sentido, el Tribunal de Cuentas apunta a la Administración central que debería destinar "más recursos" a las labores de investigación previa durante la fase de redacción de los proyectos constructivos "con el objetivo de evitar las modificaciones de los contratos que suponen un aumento inevitable de los costes", como ocurrió en las obras de ampliación de El Musel, que acabaron costando 250.924.000 euros (IVA incluido) más de lo inicialmente previsto y con un retraso de tres años en su puesta en funcionamiento.
Las obras portuarias, sobre las que pesa la amenaza europea de devolución de las cuantiosas subvenciones recibidas, se fundamentaron, relata el Tribunal de Cuentas, en un plan estratégico que previó una tasa de crecimiento total del 34,5%, entre 2009 y 2013. "Sin embargo, la evolución real del tráfico portuario se situó lejos de las perspectivas de crecimiento, habiéndose producido una disminución del tráfico total del 30% entre 2005 y 2011".
El Tribunal reconoce la "delicada situación financiera" del Puerto de Gijón, con una deuda que ascendía a 465.710.000 euros en 2014, con una disminución de 48.276.000 euros desde 2010. "Sin embargo a partir de 2016, esta situación podría empeorar ya que El Musel tiene que empezar a a amortizar el crédito concedido por Puertos del Estado más un préstamo del Banco Europeo de Inversiones".
El Tribunal de Cuentas ha nombrado un instructor tras apreciar la Fiscalía y la Abogacía del Estado la existencia de indicios de responsabilidad contable en las obras de ampliación, un asunto que investiga la Audiencia Nacional. En el caso de que el citado organismo confirme la existencia de responsabilidades contables en los directivos del puerto investigados, podría obligar a los gestores de dinero público implicados a devolver de su patrimonio personal el perjuicio económico ocasionado a las arcas del Estado.
