El juzgado de lo penal número 2 de Gijón decidió ayer trasladar a la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias el procedimiento penal que desde hace meses se sigue contra el expresidente del Conseyu de la Mocedá Jordán Suárez. Suárez está acusado de un delito de apropiación indebida después de que supuestamente se quedara con 10.800 euros cuando ejercía como tesorero de la asociación que organizó en agosto de 2013 la Fiesta de la Cultura que se celebró en la Carbayera de los Maizales.

El magistrado encargado del caso admitió ayer la cuestión previa al juicio planteada por la fiscal personada en el proceso. La representante del Ministerio Público advirtió al tribunal que el delito que le imputa la acusación particular a Jordán Suárez -apropiación indebida con agravantes-, sólo puede ser juzgado por un órgano superior como la Audiencia Provincial, que ahora deberá fijar fecha para la celebración del procedimiento. La Fiscalía asturiana acusa al procesado de un delito continuado de apropiación indebida y pide para Suárez una condena de año y medio de prisión además del abono de las costas procesales y el pago de una indemnización de 10.841 euros a la asociación "Fiesta de la Cultura de Gijón".

A pesar de la suspensión del juicio Jordán Suárez compareció tras la vista oral ante los medios para defender una vez más su inocencia. "Lo ideal sería salir de todo esto cuanto antes porque llevamos tres años dándole vueltas al mismo tema y me parece que todo es un poco surrealista", afirmó el presunto responsable del desfalco a las puertas del Palacio de Justicia de Gijón. Suárez insistió en que "el que acusa, en este caso los organizadores, es el que tiene que demostrar las cosas". "Estoy tranquilo. Los testigos ya han pasado por el juzgado de instrucción y se han recopilado todas las pruebas. Ahora tendrá que ser la Audiencia la que decida la solución a todo el proceso", relató Suárez.

En su día los impulsores de la Fiesta de la Cultura habían dado un plazo a Jordán Suárez para la devolución del dinero. Después de interponer la denuncia y ante la ausencia de noticias por parte del demandado la abogada que representa los intereses de esta organización llegó incluso a solicitar al juzgado que se emitiera una orden de busca y captura contra el imputado. Una medida que por aquel entonces el juzgado de instrucción que investigaba los hechos consideró desproporcionada. Suárez compareció días después en el Palacio de Justicia alegando que se había enterado de la imputación por la prensa.