Las acusaciones populares en el caso del supuesto fraude en torno a la obra de ampliación de El Musel, que ejercen Ocan (asociación ligada a Podemos) y Ciudadanos por Asturias anunciaron ayer que solicitarán que el director de la Autoridad Portuaria, José Luis Barettino Coloma, acuda a declarar al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso.

Barettino era el número tres del Puerto cuando se gestó y se ejecutó la gran obra portuaria. Sus superiores de entonces, el expresidente Fernando Menéndez Rexach y el exdirector José Luis Díaz Rato, están imputados. No es la primera vez que Ocan pide que declare Barettino, pero con los últimos avances en la instrucción confían en que ahora sí se acepte su petición. La piedra angular de la defensa de los exdirectivos -que la construcción de la desulfuradora en la térmica de EdP impidió explotar la cantera de Aboño, originando sobrecostes- se vino abajo después de que el exdirectivo de Hidrocantábrico Joaquín Coronado, declarara ante la juez que la desulfuradora, alejada unos 400 metros de la cantera, nunca fue un obstáculo y que lo que sí requería medidas de seguridad era el gasómetro de la térmica, ubicado a pie de cantera desde años antes de que se licitara la ampliación de El Musel. Ayer ambas acusaciones populares, junto al presidente de la Asociación de Vecinos del Alto Aboño, José Prendes, que ejerce la acusación particular, visitaron esa cantera y las de Tudela Veguín, de las que se sacó la mayor parte del material para la obra portuaria.

El presidente de Ocan, José Ángel Gayol, señaló que "cuando se inicia todo el proceso de la adjudicación de las obras, Barettino era el número tres; era secretario del consejo, estuvo en todos los documentos y en todos los momentos estelares necesarios para tramitar este proceso; firmó junto a Rexach el pliego de cláusulas administrativas, estuvo en la mesa de contratación y también en las conversaciones que determinaron los precios de sobrecoste" que comenzaron a pagarse en 2006 pero no se aprobarían formalmente hasta finales de 2007. Gayol opina que "lo más adecuado" sería que la juez citara a Barettino como investigado.

Ocan también valoró como "positivos" sendos autos de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional que revocan la decisión de la instructora de inhibirse a favor de los juzgados de Gijón. Respecto a la inhibición de la causa principal, la Audiencia destacan la importancia del supuesto fraude (la cuarta parte del fraude comunitario destapado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, OLAF, en 2014, que afecta a un puerto de interés general del Estado y a algunas de las principales empresas constructoras de España, que puede acarrear la revocación de subvenciones europeas por 247,5 millones de euros y que sufrió una modificación del presupuesto al alza de 251 millones), además de la complejidad del caso. En cuanto a la improcedencia en la inhibición de la pieza separada sobre el casi millón de euros que la UTE Dique Torres pagó para actuaciones del programa "A ver la Ballena", la Audiencia señala que se trata de un supuesto cohecho ligado a la causa principal.

Tanto Gayol como el presidente de Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando, señalaron a Tudela Veguín como "el gran beneficiario" de la obra. Abando consideró que el proyecto de El Musel fue "una ampliación innecesaria", opinando que "Tudela Veguín o el Grupo Masaveu no son los culpables de este tema; son los beneficiados". Para Abando, "los culpables" son los exdirectivos del Puerto, recordando que Barettino era subdirector en aquella época y "por encima de ellos hay que pensar que quien nombra al presidente de la Autoridad Portuaria es el señor Areces, que creo que tiene mucho que ver en todo esto".