El exconsejero delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico (HC), Joaquín Coronado Galdós, ha solicitado a la juez que instruye el caso del supuesto fraude en torno a la obra de ampliación de El Musel que sobresea las actuaciones contra él. El abogado del exdirectivo, Carlos Gómez-Jara, defiende que no participó en el supuesto fraude, que en la época en la que produjeron los hechos el supuesto fraude a la Administración sólo era aplicable a funcionarios públicos y que incluso en la hipótesis de que se considerara que fue cómplice de ese supuesto delito, el mismo habría prescrito al haberlo imputado el juzgado casi 12 años después de los hechos que le atribuyen.
Coronado fue quien suscribió por parte de HC (hoy EdP) en julio de 2004 el acuerdo de intenciones con la Autoridad Portuaria de Gijón sobre el uso de la cantera de Aboño en la obra de ampliación de El Musel. El directivo cesó en el cargo en febrero de 2005.
Entre otras cosas, el recurso que ha remitido su abogado al Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional señala que incluso considerando la peor de las hipótesis (para su defendido) su "intervención en los hechos que se están investigando es de carácter puntual y tangencial", recalcando que se desvinculó de HC en febrero de 2005.
La cantera de Aboño, propiedad de HC, Sato (integrante de la UTE Dique Torres) y particulares se había designado como la principal cantera para la obra, pero no llegó a serlo, demorándose su explotación. El Puerto vincula los sobrecostes de la obra a los problemas con esa cantera, que atribuye al bloqueo de su explotación por HC para construir una desulfuradora.
