03 de agosto de 2016
03.08.2016
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El Colegio de Arquitectos avala la "adecuada" gestión de su decana

El colectivo rechaza la denuncia del PSOE, que exige a Foro una comisión para clarificar el contrato del Plan General

03.08.2016 | 03:53
Sonia Puente Landázuri, primera por la izquierda, junto a parte de su directiva.

Un escueto pero meditado comunicado público, firmado de manera genérica por su Junta de Gobierno, fue la vía utilizada ayer por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias para defender la correcta participación de su actual decana, Sonia Puente Landázuri, en el proceso de valoración de las propuestas presentadas al contrato del Ayuntamiento de Gijón para elegir al equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad. La dirección colegial entiende que su participación y la de su representante en el proceso fue "la adecuada".

Era la respuesta a la contundente denuncia realizada en el Pleno del Ayuntamiento de Gijón por el Grupo Municipal Socialista. El PSOE, por boca de su edil Begoña Fernández, aseguró que la ahora decana del colegio de arquitectos- y entonces vicedecana- fue miembro del jurado que valoró los criterios subjetivos de las ofertas empresariales al contrato pese a tener vinculaciones personales y profesionales con uno de los integrantes del equipo que resultó ganador. En concreto está casada con Miguel Couto - responsable del área de comunicación hasta su cese hace unas semanas con parte del equipo- y es asesora de la entidad "Comunica: ciudad" donde están Couto y otras dos personas que trabajaron en el planeamiento gijonés.

El Colegio de Arquitectos fue invitado por el Ayuntamiento a participar en ese proceso selectivo como miembro de una terna técnica donde también estaba el jefe del servicio técnico de Urbanismo del Ayuntamiento y un técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. La invitación se cursó al decano, Alfonso Toribio, que aunque participó en reuniones iniciales acabó delegando en Puente Landázuri como vicedecana y vocal de urbanismo. "La vocal aceptó la designación colegial al no existir ninguna relación que pudiera ser objeto de incompatibilidad entre ella y los licitadores", se dice desde el Colegio.

En esa valoración de los criterios subjetivos la firma ganadora, la UTE formada por Urbania 2003 y Bilbaína de Proyectos encabezada por Emilio Ariznavarreta, sacó 43 puntos: la mejor puntuación entre los ocho candidatos. En el apartado de criterios objetivos había quedado en el tercer puesto. Uno y otro apartado suponían el 50% del total de puntos para conseguir la valoración final. Todo este proceso tuvo lugar en 2013 y estalla ahora a cuenta de la decisión del responsable del equipo de cesar a una parte de sus colaboradores por falta de confianza personal y profesional. Ahora mismo el Plan está en el proceso de información de alegaciones al documento de aprobación inicial. El PSOE, de cara a preparar una interpelación plenaria sobre el tema, solicitó acceso al expediente completo del contrato. Y saltaron sus alarmas.

El Grupo Municipal Socialista sí ve la incompatibilidad en la participación de la colegiada y no da por buenas las explicaciones públicas aportadas ya por Puente y Couto con una cronología donde la decana participa como jurado en el procedimiento de contratación en 2013 y Couto se incorpora al trabajo sobre el planeamiento urbanístico gijonés a posteriori, a mediados de 2014. Su reflexión es que el proceso está contaminado y debe darse una revisión de oficio de todo el procedimiento. Desde otros ámbitos municipales no se entiende que la denuncia socialista vaya a tener más recorrido que el de la crítica política. No se considera que haya consecuencias que puedan paralizar el procedimiento.

De todas maneras el Grupo Municipal Socialista no fue ayer al juzgado, como le sugirió la Alcaldesa al final de la sesión plenaria, para denunciar posibles irregularidades en la contratación del equipo redactor del Plan General de Ordenación (PGO). Fue directo al registro municipal para oficializar una petición de comparecencia del edil de Desarrollo Urbanístico, Fernando Couto, en una comisión extraordinaria de Urbanismo. Quieren que vaya "con el expediente en la mano" para aclarar ante los representantes de todos los grupos municipales la situación de ese contrato.

Fernández mantiene su acusación. "Podía haber dudas en la información que facilitamos, pero lamentablemente no las hay", sentenció la concejala en una comparecencia ante los medios de comunicación. La edil asegura que el nombre de Miguel Couto Álvarez aparece en dos ocasiones en calidad de experto en diseño gráfico y publicidad en la documentación aportada por la UTE Urbania 2003 y Bilbaína de Proyectos a la licitación del Ayuntamiento. Era septiembre de 2013. Un mes más tarde el Colegio de Arquitectos comunica que será Sonia Puente Landázuri su representante en el jurado de la mesa de contratación que debe valorar los criterios subjetivos de cada oferta. Lo hace como suplente del decano, entonces Alfonso Toribio. El proceso de valoración se prolonga hasta diciembre. Toda esta información, dejó claro la edil socialista, no es pública ni accesible a los ciudadanos por motivos de propiedad intelectual. Ni siquiera se le ofreció a otro candidato que la solicitó. Al expediente integro sólo pueden acceder los concejales.

El PSOE tiene claro que se incumplieron los preceptos legales que rigen la contratación pública al vulnerarse el articulo 28 de la ley de Procedimiento Administrativo que marca los motivos de abstención para participar en este tipo de órganos. Entre ellos, las relaciones de consanguinidad hasta cuarto grado y quienes realicen labores de asesoramientos con alguno de los concurrentes a la licitación. "En el caso de Sonia Puente se cumplen los dos", sentenció. La concejala de la oposición quiso dejar claro en su intervención que "nos dan igual los nombres, lo que nos importa aquí es que el Ayuntamiento no ha cumplido con su obligación de ser el garante de la legalidad y transparencia de una contratación municipal". Y un último mensaje: "Lamentamos que estas cosas ocurran en el Ayuntamiento de Gijón pero como concejales de la oposición nuestra obligación es denunciarlas públicamente para que el gobierno rectifique porque quienes rectifican son los gobiernos, no los tribunales".

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