10 de agosto de 2016
10.08.2016
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El PSOE aboga en el Congreso por mantener las empresas públicas

El Grupo parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley para paralizar los cierres anunciados por Montoro

10.08.2016 | 03:12

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para paralizar los requerimientos de disolución de empresas municipales que el ministerio de Hacienda está haciendo llegar estos días a muchos ayuntamientos españoles. Gijón es uno de los ayuntamientos donde se recibió la misiva del ministro en funciones Cristóbal Montoro. En el caso gijonés, había una propuesta de disolución de las empresas municipales de transportes, festejos y vivienda; además de la Fundación Municipal de Educación, Cultura y Universidad Popular y el fondo de capital riesgo "Gijón Invierte" al entender Hacienda que incumplían con los criterios de equilibrio financiero impuestos en la conocida como ley de reforma local. El gobierno de Gijón ha presentado alegaciones en la intención de justificar la bondad de las cuentas de estos organismos.

En la exposición de motivos de su proposición no de ley, los socialistas denuncian que el requerimiento de Montoro es "un nuevo ataque a la autonomía local; pero además, de ejecutarse, supondría que los ciudadanos de los municipios afectados verían como dejan de prestarse servicios públicos a cargo de estas entidades y que resultan esenciales para su vida cotidiana, servicios que ninguna administración está en condiciones de dejar de prestar, así como actividades destinadas a implementar el desarrollo local o la recuperación económica". Y recuerdan que Montoro ni ofrece plan alternativo a la prestación de esos servicios ni soluciones a los empleados que trabajan en esas empresas.

Además de esta proposición no de ley, el Grupo parlamentario Socialista presentó una batería de preguntas sobre el tema dirigidas al gobierno en funciones del Partido Popular. Estas preguntas llevan la firma de cuatro diputados, entre ellos la asturiana Adriana Lastra.

El objetivo del PSOE con este interrogatorio es saber el alcance de la iniciativa de Montoro en cuanto al número de entidades a liquidar y su impacto económico. También preguntan los socialistas por alternativas de recolocación a los trabajadores y de prestación de servicios a los vecinos. Contra esta actuación del ministerio de Hacienda también se ha posicionado mayoritariamente el municipalismo español a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Desde el PSOE gijonés se recordaba ayer que el Ayuntamiento de Gijón, en base al acuerdo entre Foro y PP de la anterior Corporación, evitó sumarse al listado de más de 3.000 ayuntamientos que llevaron ante el Constitucional esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Algo que pidió el PSOE en un Pleno al entender, explicaba el portavoz municipal José María Pérez, que esa ley "cercena la capacidad de los consistorios para prestar servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas". El líder del socialismo gijonés tiene claro que esta ley está diseñada desde "principios ideológicos muy a la derecha" y tiene como objetivo la eliminación de empresas púbicas en favor de la privatización de servicios.

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