13 de agosto de 2016
13.08.2016
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La oposición exige un informe jurídico que avale la legalidad del contrato del PGO

"Esto no afecta al Plan General, que es lo que nos preocuparía", asegura Fernando Couto, al que el PSOE acusa de intentar "dar carpetazo" al tema

13.08.2016 | 06:15
La oposición exige un informe jurídico que avale la legalidad del contrato del PGO

Un informe jurídico a elaborar en las próximas semanas tendrá la última palabra sobre las consecuencias para el Ayuntamiento de Gijón y para la tramitación del Plan General de Ordenación de las posibles irregularidades cometidas durante el proceso de contratación del equipo redactor del PGO por la vinculación personal y profesional de un miembro del jurado con un integrante del grupo que resultó ganador. Así se decidió ayer a petición de los partidos de la oposición en una comisión extraordinaria de Urbanismo impulsada desde el PSOE. Las explicaciones verbales de los técnicos municipales y el edil del área, el forista Fernando Couto, no bastaron para convencer a la oposición.

Fue el Grupo Municipal Socialista quien desveló en el último Pleno que una de las tres personas que conformaron a finales de 2013 el equipo técnico que puntuaba los criterios subjetivos de las ofertas de las empresas candidatas -la actual decana del Colegio de Arquitectos y entonces vicedena, Sonia Puente Landázuri- era la esposa, y colaboradora en una empresa, de Miguel Couto, cuyo nombre aparecía en la documentación de la UTE que resultó ganadora, Urbania 2003 y Bilbaína de Proyectos.

Políticos y técnicos participantes en la comisión de ayer coincidieron en que esa situación debería haber llevado a Puente Landázuri a abstenerse de participar en ese jurado en cumplimiento de la ley de Procedimiento Administrativo. Algo que no hizo. Ahora queda averiguar las consecuencias que esa decisión puede acarrear. "Como gobierno todo lo que sea para aclarar (por el informe jurídico) lo vemos bien. Puede que sí, que se hubiera tenido que abstener, pero lo que nos dicen los técnicos es que en modo alguna la abstención o no abstención de la actual decana invalida o anula el contrato", sentenció Fernando Couto a la salida de la reunión. Sonia Puente participó en ese jurado como representante del Colegio de Arquitectos. Junto a ella había un técnico del Ayuntamiento y otro del Principado de Asturias.

Para el concejal de Actividad Económica y Desarrollo Urbanísto el tema denunciado por el PSOE "políticamente no tiene trascendencia" y es un asunto que sólo tiene que ver con contratación y no "afecta al Plan General, que es lo que nos preocuparía. No tiene nada que ver con el Plan, ni con el modelo urbanístico, ni con lo que sea o no sea urbanizable. Es un tema de contratos".

Algo que no tiene tan claro la oposición, empezando por el PSOE que afea a la actual decana de los arquitectos que ocultase "deliberadamente" su relación con un integrante del equipo redactor pero también afea al gobierno municipal que "no preguntase a los miembros de la mesa de contratación si incurrían en causa de incompatibilidad o abstención en el proceso". El gobierno, aseguraba ayer la edil socialista Begoña Fernández, "tiene tanto la obligación de cumplir la ley como de exigir a los demás que la cumplan. Estamos ante una falta de control y un fallo evidente del procedimiento que evidencia una grave dejación de funciones del gobierno" en su responsabilidad de velar por la transparencia de esos procesos.

El PSOE no sólo quiere un informe jurídico también pide medidas de control en los procesos de contratación que eviten que se puedan volver a repetir situaciones de ese tipo y "el reconocimiento de los hechos" por parte del gobierno forista. Según Fernández, el edil Fernando Couto fue el único participante en la comisión extraordinaria de Urbanismo que se mostró reacio a asumir la realidad de la denuncia desvelada por el PSOE e "intentó dar carpetazo para olvidar el asunto". Además de políticos, a esa reunión asistieron técnicos municipales de las áreas de urbanismo y contratación.

Xixón Sí Puede, representado en la comisión de Urbanismo por David Alonso, también abogó por un informe jurídico que esclarezca la situación. "No salgo con más incertidumbres pero, desde luego, no tengo las cosas más claras", concretó Alonso tras la reunión. "Nos dicen que no debería haber problemas, pero no nos vale sólo con eso. Queremos un informe por escrito para estar tranquilos, un informe que pensamos que era lo que nos iban a dar hoy", concretó el edil. Alonso aseguro que en la comisión había quedado claro que Puente "se debería haber abstenido" pero no hubo respuestas concretas sobre las consecuencias de esa decisión en el caso, por ejemplo. de que recurra algunas de las empresas que participó en la convocatoria y cuya oferta fue valorada por la decana de los arquitectos.

El edil de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, no sólo pide el informe jurídico "para garantizar la máxima seguridad jurídica de todos los asuntos relacionados con el nuevo PGO". También pide que se haga público "para disipar todas las dudas que se están vertiendo" sobre una contratación realizada hace más de dos años".

La irregularidad fue detectada por el PSOE hace unas semanas tras tener acceso al expediente íntegro de ese contrato. El PSOE buscaba información de cara a una pregunta plenaria tras desvelarse que el responsable de la UTE había despedido a parte de su equipo por desconfianza.

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