El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV), Adrián Arias, expuso la preocupación del movimiento vecinal por "el chantaje que un grupo empresarial privado pueda hacer a Gijón con un recurso en el último momento", una situación que considera que debe evitarse en lo sucesivo mediante "la remunicipalización; que estos servicios los realice el propio Ayuntamiento, porque si fuera un servicio público no tendríamos los problemas que tenemos ahora".

Aparte de abogar por la municipalización de un servicio que ahora se contrata con empresas privadas, el presidente de la FAV instó a que se busque "una solución lo más rápida posible, al ser necesario para los trabajadores y para la ciudad" y lamentó la incertidumbre en que se han quedado los trabajadores. Adrián Arias recalcó que además de la cuestión laboral, "una ciudad como Gijón no puede permanecer sin servicio de conservación viaria".

Además de intentar argumentar que el recurso se presentó en los límites del plazo (argumento que los propios trabajadores no confían en que prospere), el Ayuntamiento también está sopesando recurrir a la contratación de forma directa del servicio para la realización de varias obras, en tanto no se resuelve el contencioso. Esta contratación directa no puede exceder los 50.000 euros.

Una tercera posibilidad la planteó ayer el edil de IU Aurelio Martín, señalando que podría estudiarse una contratación directa con Tragsa, empresa pública instrumental a la que el Principado recurre en casos de urgencia, como cuando se producen catástrofes naturales, como inundaciones. El problema es que Tragsa no se haría cargo de la plantilla, señala.