Se ha completado otro ciclo judicial contra la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado construida en el puerto de El Musel. Después de haberlo conseguido el partido ecologista Equo, tres colectivos ciudadanos (Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, Grupo de Recuperación y Estudio Espacios Naturales, y Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes) han logrado que el Tribunal Supremo ordene el cumplimiento de una sentencia firme que anula la autorización dada en su día por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Enagás para levantar la regasificadora.
La orden dictada por la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo obliga a a Ministerio y Enagás a que la sentencia anulatoria "sea llevada a puro y debido efecto, de todo lo cual se acusará recibo en el plazo de diez días". Contra esta orden cabe interponer recurso de reposición.
La sentencia que debe "ser llevada a puro y debido efecto" estableció la anulación de la autorización administrativa para la construcción de la regasificadora en El Musel, "con todas las consecuencias legales inherentes a ese pronunciamiento". Para Marcelino Abraira, abogado del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y del Grupo de Recuperación y Estudio Espacios Naturales, esto supone que sólo hay un camino, "la demolición de la instalación gasística", que todavía no ha entrado en funcionamiento. Misma exigencia que ya pronunció Equo cuando ganó su batalla judicial.
En ambos casos, los tribunales anulan la autorización a la regasificadora al entender que incumplió el Ramimp, reglamento posteriormente derogado por el Principado pero que establecía para este tipo de equipamientos una distancia mínima de 2.000 metros respecto a núcleos poblados, algo que incumple la regasificadora.
Sin embargo, pese a contar ya con una orden de ejecución de sentencia en contra a la que ahora se suma otra, Enagás, con el apoyo de la administración regional, se niega al desmantelamiento de una instalación cuyo coste ascendió a 382 millones de euros y que se antojó como clave para el proyecto de ampliación de El Musel. Más bien al contrario, Enagás ha iniciado el camino para buscar la legalización de la regasificadora, mientras que tanto Equo como los colectivos ciudadanos exigen su demolición.
En el aire también está qué pasará con los millones de euros que Enagás ha estado cobrando en compensación por la hibernación de la planta, que permanece paralizada y a la espera de ser activada tras ser conectada de la red gasística. Enagás confía en que su intento por legalizarla prospere y no tener que devolver las cuantías cobradas del Estado. Sin embargo, si su anulación surte efecto y la instalación tiene que ser demolida, todo apunta a que la compañía deberá devolver el dinero percibido en compensación por su inmovilizado.
