14 de septiembre de 2016
14.09.2016
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El fiscal del "caso Musel" estima prescrita la acusación al exconsejero delegado de HC

Anticorrupción considera que la declaración de Coronado no desvirtúa los indicios de supuesto fraude en connivencia entre Puerto y empresas

14.09.2016 | 03:46
Aspecto de la explanada norte de la ampliación de El Musel.

El fiscal del "caso Musel" ha apoyado la petición del exconsejero delegado de Hidrocantábrico, Joaquín Coronado Galdós, para el sobreseimiento de la acusación contra él por supuesto fraude. Coronado declaró en junio como investigado en este caso en la Audiencia Nacional. Anticorrupción estima que el supuesto delito por el que se le imputó ha prescrito, al haber transcurrido más de diez años desde que Coronado cesó como directivo de HC hasta que se iniciaron acciones penales contra él por haber sido el cargo de la eléctrica que rubricó el acuerdo de intenciones, con la Autoridad Portuaria de Gijón, para la explotación de la cantera de Aboño durante la ampliación de El Musel.

La investigación judicial de la ampliación de El Musel se inició después de que al Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) remitiera a la fiscalía española un informe en el que sostiene que ha habido un supuesto fraude en la obra, en connivencia entre la Autoridad Portuaria y la UTE Dique Torres (adjudicataria de la obra). Ese informe también ha llevado a la Comisión Europea a proponer la revocación de los 247,5 millones de euros de Fondos de Cohesión con los que se subvencionó la obra. La linea de defensa que ha venido manteniendo la Autoridad Portuaria -sus antiguos responsables en los juzgados y los que les sucedieron ante la Comisión Europea- es que no hubo irregularidad alguna, sino problemas sobrevenidos que encarecieron el coste de los materiales de obra, por el retraso en la explotación de la cantera de Aboño y el cambio en la forma de explotación de esta cantera, debido a la construcción de una planta desulfuradora para el grupo 2 de la térmica de Aboño.

Una versión que contradijo Joaquín Coronado cuando declaró en la Audiencia Nacional el pasado 23 de junio. Coronado dijo a la juez que el problema para la explotación de la cantera no lo originó la construcción de la desulfuradora, sino un gasómetro que almacena 100.000 m3 de gas inflamable en las proximidades de la cantera, existente desde años antes de que se licitase la obra portuaria. Además, indicó que no existía ningún impedimento para que Dique Torres hubiese construido la cinta transportadora entre esa cantera y El Musel, cinta que incluyó en su oferta, pero que nunca se hizo. La defensa del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato, califica de faltas de rigor las afirmaciones de Coronado, señalando que si el gasómetro hubiese sido el problema, HC lo tendría que haber puesto de manifiesto cuando firmó el acuerdo de intenciones con la Autoridad Portuaria sobre la explotación de la cantera de Aboño, extremo que no se refleja en ese acuerdo, previo a la licitación de la obra.

En un informe fechado el pasado 3 de agosto, la Fiscalía considera que la declaración de Coronado no desvirtúan los indicios de un supuesto delito de fraude, articulado mediante otro de prevaricación, para la supuesta entrega indebida de fondos públicos a Dique Torres, con la adjudicación del contrato y la aprobación posterior de los sobrecostes de la obra. Anticorrupción mantiene como linea de investigación, que en el supuesto fraude podrían haber participado responsables de Tudela Veguín y HC, para supuestamente obtener un lucro en perjuicio de fondos públicos.

La tesis del fiscal es que la Autoridad Portuaria, en contra de lo que aparenta en el expediente de contratación, nunca garantizó la explotación de la cantera de Aboño, evitó aplicar a Dique Torres la cláusula de riesgo y ventura del contratista o hacer una nueva licitación y comenzó a pagar los sobrecostes antes de aprobar el modificado del proyecto debido, entre otros factores al calendario político (la cercanía de elecciones autonómicas).

Añade el fiscal que el Puerto valoró técnicamente la oferta de construir una cinta transportadora desde la cantera hasta la obra, que nunca se llegó a hacer, algo que lleva al fiscal a considerar que ya se sabía desde un primer momento que no se iba a poder contar con la cantera de Aboño, sino que las canteras principales de obra iban a ser las de Tudela Veguín. En ese sentido, para el fiscal es un indicio significativo que el BOE recogiera el 23 de enero de 2004 un anuncio de EdP licitando la obra de la desulfuradora, medio año antes del acuerdo de intenciones entre el Puerto y HC sobre la cantera de Aboño y casi un año antes de que se adjudicara la ampliación portuaria. Una cronología que al fiscal no le cuadra con el argumento de problemas "sobrevenidos".

Las canteras de Tudela Veguín se convirtieron en la principal fuente de aportación de materiales para la obra. La cementera sólo cobró los costes de explotación de la cantera a Dique Torres, pero obtuvo otros beneficios, como la venta de todo el cemento para la obra a precio superior al de mercado, según la fiscalía.

La defensa del exdirector del Puerto, José Luis Díaz Rato, niega los planteamientos del fiscal. Por un lado señala que aunque la desulfuradora se anunciara en el BOE, Díaz Rato no tuvo conocimiento de ello dado que los anuncios particulares del BOE no son de obligada lectura. Añade que el acuerdo de intenciones con HC no era un pacto entre la eléctrica y el Puerto, sino una mera manifestación de la disponibilidad de la empresa. También indica que la cinta transportadora no era viable económicamente dado que HC no permitió explotar la cantera de Aboño hasta 2007, cuando la obra portuaria ya estaba avanzada.

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